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El juez José de la Mata ha abierto juicio a los extesoreros del PP Luis Bárcenas, Álvaro de Lapuerta y al exgerente Cristóbal Páez como integrantes en organización criminal por la caja B del partido, así como al PP como responsable civil subsidiario por el pago en negro de la reforma de su sede y le pone una fianza de 1,2 millones de euros que debe pagar en 10 días.

En el auto de apertura de juicio oral, de 102 páginas y notificado este jueves, el juez de la Audiencia Nacional acuerda además sentar en el banquillo como responsable civil directo, solidario y subsidiario a Unifica -el estudio de arquitectura que hizo la reforma de la sede de Génov-, empresa a la que reclama una fianza de 4,5 millones de euros, así como a sus responsables Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, a los que acusa de delitos de falsedad en documentos mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.

De la Mata acusa por primera vez en esta causa a Bárcenas, De Lapuerta y Páez de delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral , atendiendo así a la acusación que en este sentido formuló Izquierda Unida, y que se suman a los de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública que solo les atribuye la Fiscalía Anticorrupción.

Esto supone que, mientras que por estos hechos el fiscal Antonio Romeral pide para los dos extesoreros cinco años de cárcel y 18 meses para Paéz, IU reclama 19 y 21 años de cárcel para Bárcenas y Lapuerta, respectivamente, y 13 años para Páez.

Según relata el juez en el auto, «la caja B del PP funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008 , nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas».

«El análisis de lo actuado permite inferir que parte del dinero que presuntamente se recibía en el PP en metálico por los donantes, era introducido en el circuito económico financiero a través de diversos ingresos en efectivo efectuados por la propia formación política, habiendo previamente fraccionado la cuantía total de los mismos», metodología que seguían Bárcenas y Lapuerta.

Todo ello, según De la Mata, permite concluir «la existencia de una actuación persistente en el tiempo, mediante la cual donaciones nominativas anotadas en los registros contables opacos a cargo» de Bárcenas y Lapuerta «quedaron transformadas en ingresos diluidos en la cuenta de donativos anónimos», eludiendo así el control del Tribunal de Cuentas y «la eventual vinculación de los donantes con empresas privadas » con contratos vigentes en ese momento con administraciones públicas.

Dentro de esa dinámica, el juez señala que el PP pagó con fondos procedentes de ese circuito opaco de donativos la reforma de sus sede y consta que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008, por lo que dejó de declarar «el importe conjunto de las donaciones recibidas por la formación política» durante ese año.

Parte de esas donaciones, las habría destinado «al pago parcial de la cantidad de 888.000 euros con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por Unifica al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial».

De este modo, la fianza de 1.245.154 euros que deberá depositar el PP en un plazo de 10 días, se basa en los 220.167 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y en el millón de euros que no pagó por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.

De la Mata recuerda que en 2013 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya estableció que solo están exentas de tributar «las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado, estando por el contrario sujetas a tributación las donaciones que no se adecúen a los requisitos de forma y cuantía establecidos por la ley».

«En consecuencia, viniendo obligados los partidos políticos a presentar y suscribir declaración por el IS con relación a las rentas no exentas», el PP habría dejado de ingresar «una cuota por encima del umbral de 120.000 euros», destaca el auto.

Con este argumento, De la Mata rechaza la tesis del fiscal de no juzgar al PP por delito tributario en las donaciones de empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque el representante del Ministerio Público sí que consideraba al partido responsable civil por los pagos en negro de la reforma de su sede.

En total, el juez fija por estos hechos fianzas que oscilan entre los casi 9 millones de euros de Bárcenas y Lapuerta, los 7,4 millones de Páez, y los 6'1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo, su socia Belén García y Laura Montero. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.

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