Con 134 votos a favor, 57 en contra y 18 abstenciones, el Senado ha avalado un proyecto de Ley que nada tiene que ver con el texto impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y que deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva, al haber sido introducidas una treintena de las más de 800 enmiendas presentadas, la mayoría técnicas.
A partir de ahora, la edad mínima para contraer matrimonio serán los 16 años, la misma que la de consentimiento sexual, de forma que se elimina la posibilidad de que un joven pueda emanciparse a los 14 por casarse, como ocurría hasta ahora.
De esta forma se equipara la edad para contraer matrimonio con la edad mínima de consentimiento sexual que el nuevo Código Penal, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, fija en 16 años.
Eso sí, el texto aplaza hasta 2017 la celebración de bodas y divorcios de mutuo acuerdo ante un notario o un secretario judicial, mediante la incorporación de una enmienda de los populares que frena así la medida estrella del proyecto planteado por Ruiz-Gallardón.
Se trata de una nueva rectificación de los populares ante la política del exministro, tras la derogación de las tasas judiciales para las personas físicas y la renuncia a la reforma del Registro Civil que entregaba su gestión a los registradores.
Con este aplazamiento, el Gobierno pretende poner la misma fecha límite de entrada en vigor de esta medida junto con el futuro Registro Civil, cuya reforma ha sido aparcada también hasta junio de 2017. Ambas iniciativas están destinadas a descongestionar la Administración de Justicia.
Una vez venza este período, serán competentes para celebrar el matrimonio el alcalde del municipio o concejal en quien éste delegue, el notario, el secretario judicial, el encargado del Registro Civil así como el funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero.
Asimismo, la norma incorpora otra enmienda del PP que suprime la prohibición de que sean testigos en los testamentos algunas personas por su discapacidad, como ciegos, sordos y mudos.
En líneas generales, la norma trata de liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales, en las que no haya litigio entre partes, para que determinados asuntos sean resueltos por otros operadores como notarios, registradores y secretarios judiciales.
Además, la ley introduce el reconocimiento de efectos civiles de los matrimonios celebrados por los ritos budista, mormón, ortodoxo y de los testigos de Jehová, que se unen así a la católica, musulmana y judía.
En el debate parlamentario, los grupos de la oposición han acusado al PP de «beneficiar y favorecer» a determinados colectivos para «crear un negocio» a costa de los ciudadanos.
Ante estas críticas, el senador Dimas Cuevas (PP) ha recordado que notarios y registradores son operadores jurídicos no privados. «No hay que negarlo, son funcionarios públicos», ha agregado, al tiempo que ha destacado que la norma «permitirá al ciudadanos elegir donde quiere hacer sus trámites».
Sin embargo, el senador socialista ha advertido de que el texto «generará más costes para los ciudadanos» y ha asegurado no entender el aplazamiento hasta 2017 de las bodas ante notario cuando se trata de algo ya aprobado.
Un análisis que ha compartido Rafael Bruguera (Entesa) que ha lamentado que «cuestiones que se realizaban antes en los tribunales pasen a operadores extrajudiciales privados». «Promueve un negocio para colectivos sin ningún sentido de racionalidad ni eficacia para la ciudadanía», ha añadido su compañero Joan Saura.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.