El PP defiende los límites a las fotos de detenidos porque no son ciudadanos de segunda

Para el PSOE, sin embargo, los 'populares' han actuado guiados únicamente por su deseo de evitar imágenes cómo la de la detención del exvicepresidente primero del Gobierno Rodrigo Rato. «Si ésta no se hubiera producido el PP no sería sensible a la iniciativa», ha asegurado el diputado socialista Manuel de la Rocha.

Durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el diputado Agustín Conde se ha referido a la enmienda transaccional en que se ha incorporado a la norma y que obliga a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de «asegurar el respeto a sus derechos constitucionales».

La LeCrim, que se aprobará este jueves, incluirá esta nueva previsión después de que el PP haya transaccionado una propuesta de CiU que iba un paso más allá y exigía a las autoridades públicas «evitar la exposición al público» del arrestado. La enmienda a la reforma del artículo 520 propuesto por los «populares» no concreta, sin embargo, qué medidas deben adoptarse en las detenciones y desplazamientos y deja en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado las prevenciones a adoptar para cumplir la ley y evitar lo que se ha dado en llamar «pena de Telediario».

Respetar la Constitución

Según Conde, los derechos fundamentales de los arrestados «deben ser necesariamente respetados por las fuerzas el orden al practicar una detención». «Esto no va en absoluto en contra de nada sino a favor del respeto a la Constitución», ha dicho. El miembro de CiU Jordi Jané ha añadido que su intención no es la de «limitar el derecho a la información» y a poder conocer lo que ocurre en los procesos judiciales.

En la misma línea que el PSOE, el representante del PNV Emilio Olabarría ha acusado a los 'populares' de introducir elementos garantistas como esta medida sólo cuando han comenzado a producirse arrestos de personajes «de alto postín» y ha advertido de las posibles violaciones del derecho a la información que implica.

Durante el debate en el Pleno también se han escuchado críticas a los plazos fijados en la nueva norma para practicar la instrucción. La socialista Soraya Rodríguez ha advertido que si no se definen las consecuencias al incumplimiento del tiempo fijado podría generarse la nulidad de las actuaciones y ha advertido que la medida «favorece la impunidad» en los delitos más complejos, como los de corrupción.

Rodríguez también ha indicado que el PP parece haber deducido que el único problema que provoca la dilatación de las causas es «la inactividad de los jueces» lo que constituye una «ofensa» para los magistrados.

Olabarría, por su parte, ha indicado que desembocará en investigaciones de «poca calidad» y faltas de pruebas. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, --en su última intervención ante la cámara-- ha calificado, por su parte, la medida como «estética».

«Cinismo intolerable»

Otro de los puntos de discrepancia ha sido la regulación de la detención incomunicada. Las críticas del miembro de Amaiur Iker Urbina, que ha lamentado que la Lecrim la mantenga cuando alienta «violaciones de derechos humanos en todas las comisarías de España», han provocado la ira de Conde por su «cinismo intolerable».

Según el 'popular', quien no ha condenado a la banda terrorista que mantuvo a Ortega Lara 532 días encerrado en un zulo, incomunicado y al borde del suicidio no tiene legitimidad para verter críticas.

Conde ha recordado que se han incorporado novedades como la obligación de que el juez argumente los motivos por los que dicta arresto con incomunicación gracias a que se ha ganado la lucha. «Hemos derrotado el terrorismo, nos hemos procurado la paz con el esfuerzo colectivo de la sociedad española y ahora la democracia puede ser más garantista», ha dicho.