En un auto, el juez rechaza la petición de Gonzalo Urquijo y Belén García, a la que se adhirió el PP, ya que defiende que a lo largo de toda la instrucción de esta pieza separada del caso Gürtel ninguna de las partes ha cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional, y considera que haberse atribuido el caso a este tribunal no ha sido una decisión «arbitraria ni irrazonable».
De la Mata asegura que tanto en la pieza separada de los papeles de Bárcenas como en la principal de Gürtel, el objeto de la causa es es el mismo, es decir, relaciones entre empresarios y cargos del PP para conseguir adjudicaciones públicas irregulares a favor de esas sociedades mediante varias vías.
Detalla que fruto de las «relaciones personales de confianza» que mantenían los empresarios con los «responsables políticos nacionales y regionales del partido» se llevaron a cabo ilegalidades como simulación de contratos, donación de fondos para conseguir contratos o falsificación de los mismos a cambio de «un flujo de comisiones ilegales para distintos cargos públicos y una prestación de servicios y/o recursos económicos al PP».
Algunas de estas comisiones, añade, «quedaron parcialmente ocultas al circuito económico legal, al cumplimiento de las obligaciones tributarias y al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas».
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