Un polémico artículo, el 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), había hecho saltar las alarmas al considerar algunos que la nueva norma limitaría el derecho a informar y recibir información de interés público y veraz para “asegurar el respeto a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen”, sobretodo en el momento de practicarse detenciones.
En una reunión de trabajo con el ministro, representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), mostraron su inquietud porque este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados, hace peligrar un derecho amparado por la Constitución.
En la reunión se precisó que, en asuntos que conciernen al dominio público y caracterizados por la veracidad informativa, debe prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según recogen un buen número de sentencias del Tribunal Constitucional.
Así, para frenar el “gran desconcierto y total inseguridad jurídica” en profesionales de la comunicación y medios, los representantes de los editores, organizaciones profesionales y sindicatos han obtenido de Catalá la promesa de buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información.
Cabe recordar que esta nueva situación jurídica está ahora tramitándose en el Senado. Previamente pasó por el Congreso, donde obtuvo el voto favorable de los Grupos Popular y de Convergencia y Unió.
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