Según Margallo, la viabilidad de un Estado catalán depende del reconocimiento internacional de Naciones Unidas, donde prima siempre el principio de integridad territorial, por lo asegura que Catalunya no tendría ni un solo voto, y de la pertenencia a la UE, de donde estaría «autoexcluida desde el minuto número 1».
También ha felicitado con ironía a los representantes de exteriores de la Generalitat por haber logrado su «mayor éxito internacional» al conseguir el apoyo del 1,1% de la cámara de representantes de los Estados Unidos al proceso soberanista, después de que el presidente del subcomité de Asuntos Europeos del Congreso norteamericano, Dana Rohrabacher, defendiera el derecho a elegir su futuro de los catalanes.
Según el ministro, en Naciones Unidas hay «aversión» hacia el reconocimiento de nuevos Estados salvo en el supuesto que sean territorios coloniales, ocupados territorialmente y donde no se reconozcan derechos básicos, mientras que los mismos tratados de la UE la dejarían fuera.
Ha dicho en Nueva Economía Fórum que, tras el 27S no habrá declaración unilateral de independencia y sí una enorme frustración en caso que gane Junts pel sí, que provocará una inestabilidad económica que dañará Catalunya y el resto de España, y ha expresado así la disposición del Gobierno central a entablar un diálogo posterior que probablemente pase por una reforma constitucional y un nuevo sistema de financiación autonómica.
Diálogo
Sin embargo, ha añadido que las dos partes deben querer hablar y debatir sobre lo que es posible, y no para buscar excusas para romper: «No podemos discutir cómo reformamos el estatuto de la comunidad de vecinos con un señor que tiene un antorcha y quiere prender fuego al edificio en su totalidad».
Así, ha defendido una reforma de la Constitución para encajar el «hecho catalán» y cambiar el sistema de financiación para ceder casi todo el IRPF a Catalunya y al resto de comunidades, salvo lo relativo al ahorro y rendimientos empresariales.
También ha planteado ceder al completo los impuestos especiales, como alcohol y tabaco, mientras que el Estado se quedaría con el IVA y el impuesto de Sociedades, y en ámbitos como el de la educación ha propuesto permitir la enseñanza de todas las lenguas cooficiales del sistema obligatorio español, basándose en el modelo suizo, belga o de Canadá.
Sin embargo, ha añadido, que para abordar estas modificaciones debería haber un reconocimiento recíproco de la realidad catalana e hispánica, constatar que existen consensos suficientes que garanticen que no habrá ruptura y que éstas se llevarán por los cauces legales.
Agravios
Sobre el Tribunal Constitucional, ha acusado a la Generaliitat de elogiarlo solo cuando dicta fallos que le favorecen, y ha remarcado que «en ningún caso, no hay sentencia que justifique algo tan traumático como una secesión», tampoco así la del Estatut.
Además, ha reivindicado que Catalunya es la primera comunidad en términos de inversión en infraestructuras al haber recibido 33.000 millones de euros desde 1986 hasta ahora, y que nunca una lengua y cultura como la catalana han sido «tan defendidas, extendidas y admiradas desde el resto de España».
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