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Agentes de la Guardia Civil han detenido este miércoles al tesorero de CDC, Andreu Viloca, dentro de la operación Petrum, en la que se acusa a Convergencia de cobrar comisiones del 3 % por la concesión de obras.

Según han informado fuentes próximas al caso, también se ha detenido a siete empresarios y se están efectuando una veintena de registros, entre ellos en la sede de CDC en la calle Còrsega de Barcelona, en el marco de esta operación, ordenada por el juzgado numero 1 de El Vendrell (Tarragona).

Otro de los arrestados es el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rossell, empresa que se ocupa de las obras públicas de la Generalitat.

Los empresarios detenidos son sospechosos de haber pagado comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas, y no se descartan más arrestos.

Paralelamente, la Guardia Civil ha acudido a los Ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós del Bages (Barcelona) en busca de documentación relacionada con el presunto pago de comisiones del 3 % a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública y contratación de servicios.

Según han informado fuentes cercanas al caso, agentes de la Guardia Civil han entrado esta mañana en ambos consistorios, en el marco de la operación «Petrum 2», en la que un juez de El Vendrell (Barcelona) indaga si CDC cobró comisiones de empresas a cambio de la adjudicación de obra pública por parte de los ayuntamientos que controla la formación.

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Concretamente, en el Ayuntamiento de Olot, actualmente gobernado por ERC con apoyo de la CUP, la Guardia Civil ha requerido el expediente económico de la concesión del servicio de recogida de residuos correspondiente al año 2011, cuando CiU estaba al frente de la alcaldía.

En Sant Fruitós del Bages, los agentes han requerido el expediente relativo a la construcción de un centro cultural, financiado a cargo del llamado «plan Zapatero» y adjudicado en 2009, en que este consistorio era gobernado por la formación nacionalista.

El pasado mes de agosto, en una fase previa de la investigación, la Guardia Civil intervino documentación en los Ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Sant Celoni (Barcelona), Figueres (Girona) y Lloret de Mar (Girona).

En anteriores fase de la investigación, que partió de un caso de presunta corrupción denunciado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona)), las dependencias de este consistorio tarraconense fueron registradas en tres ocasiones.

De la documentación incautada en Torredembarra, los investigadores hallaron indicios de la adjudicación de obras públicas municipales a la empresa Teyco, controlada por la familia Sumarroca fundadora de CDC, a cambio de comisiones ilegales a su fundación afín Catdem.

El pasado mes de agosto, la investigación se amplió a los otros cuatro ayuntamientos registrados y, en la fase de la operación desplegada este miércoles, están en el punto de mira otros consistorios y empresas.