La jueza de Barcelona deja en manos de la Audiencia Nacional el caso Pujol

La titular del juzgado de instrucción 31 de Barcelona ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que constató que «la familia Pujol-Ferrusola (padres e hijos) ha actuado conjuntamente bajo la dirección y gestión del imputado Jordi Pujol Ferrusola desarrollando numerosos negocios económicos, así como diferentes actuaciones dirigidas a lograr el blanqueo de los capitales obtenidos».

En el procedimiento abierto en Barcelona estaban ya imputados el expresidente catalán, su mujer Marta Ferrusola y cuatro de sus siete hijos -Jordi, Marta, Mireia y Pere-, mientras que en la causa que investiga De la Mata, los encausados son: Jordi Pujol Ferrusola, su exmujer Mercé Gironès y sus hermanos Pere y Josep Pujol Ferrusola -no están el expresidente catalán y su mujer, ni sus hijas Marta y Mireia-, entre otros.

Al serle remitida la comisión rogatoria reclamada hace un año a Andorra, el juez De la Mata constató abonos en efectivo de origen desconocido en las cuentas del primogénito de los Pujol y su exesposa, por un total de 31,8 millones de euros, en distintas divisas, como pesetas, euros, dólares americanos y marcos alemanes.

Después de recibir esos abonos, Pujol Ferrusola ordenaba de forma «inmediata» que se realizaran traspasos a las cuentas en Andorra de su madre y de sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta, «en cantidades iguales o similares y simultáneamente, de lo que tampoco consta acreditada razón alguna para ello».

Además, existe un documento en el que Jordi Pujol Ferrusola acredita que su padre es el verdadero titular de una cuenta bancaria abierta en Andorra 2000, que acumuló 1,84 millones y que después fue vaciada en 2010 tras sacar dinero en efectivo en cinco ocasiones.

Del mismo modo, para pedir la inhibición, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo remitió a la jueza un informe en el que sostenía que Jordi Pujol Ferrusola dirigió y gestionó «durante décadas» numerosos «negocios económicos» de la familia, «así como diferentes actuaciones dirigidas a lograr el blanqueo de los capitales obtenidos».

El fiscal hacía además un resumen de las dos causas que pedía unir: la de Barcelona, abierta a raíz de la carta que en julio de 2014 envió a la prensa el expresidente catalán confesando que su familia había tenido fondos en Andorra durante más de 30 años.

Y la otra, la que lleva el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que comenzó a instruir su antecesor Pablo Ruz en 2012 por una denuncia de la expareja de Jordi Pujol hijo explicando que viajaban allí con mochilas llenas de billetes de 500 euros.

Para Anticorrupción, ambas causas estaban íntimamente conectadas y por tanto debían ser investigadas en una sola, ya que «resulta palmario que el enjuiciamiento acerca de la regularidad del origen de la fortuna amasada por los hijos del expresidente de la Generalitat no puede desarrollarse de modo autónomo» respecto de los hechos que se imputan al padre.

Otro de los hijos, Oleguer Pujol está siendo investigado en relación con siete operaciones inmobiliarias por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que hace más de un mes abrió una pieza secreta para ampliar su investigación a tres de sus hermanos -Jordi, Josep y Pere-, a los que atribuye delitos de tráfico de influencias y falsedad documental por unos pagos sospechosos que les hizo el empresario José Manuel Sola.

Otro hijo, Oriol, el único que se dedicó a la política, permanece también imputado por un juzgado de Barcelona por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el llamado «caso ITV», que provocó su dimisión como número dos de CDC.