En cumplimiento de lo acordado por la sección segunda de lo Penal, que ordenó al juez reabrir esta causa tras haberla archivado, Pedraz ha dictado el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (análogo al procesamiento en un sumario), dando traslado a las partes para que en un plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio y presenten sus escritos de acusación o defensa.
En su auto, de un solo folio, el juez cierra la investigación tras dar por practicadas todas las diligencias ordenadas por la Sala, tendentes a constatar que el mensaje sobre Irene Villa y otros en los que mencionaba a ETA se publicaron en la cuenta de Twitter de Zapata entre el 31 de enero de 2011 y el 13 de junio 2015.
El pasado diciembre, la sección segunda obligó al juez a revocar el archivo al estimar el recurso de Dignidad y Justicia.
Pedraz archivó este caso en dos ocasiones, primero lo hizo en julio sin tomar declaración al concejal y lo volvió hacer el 7 de octubre, el mismo día en que le interrogó también por orden de la Sala de lo Penal.
La Sala le obligó a reabrirlo de nuevo en diciembre, al entender que el mensaje sobre Irene Villa, si bien se refiere a una víctima en concreto que aseguró públicamente no sentirse ofendida por su comentario, entraña «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares» en su conjunto.
A juicio de los magistrados que acordaron la reapertura del caso, el tuit «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos» se debe poner en relación con otros mensajes parecidos que escribió Zapata.
Estos ellos: «Ser comunista nunca ha sido tan sencillo, es sólo un poco más sencillo que ser de ETA» o «Se confirma que ETA, además de criminal era idiota, con la cantidad de simpatizantes y aliados que tenía, no fue capaz de tomar el poder».
Y es que esos comentarios, según la Sala, «pueden indicar un cierto grado de desprecio a las víctimas del terrorismo, y una cierta y bastante manifiesta trivialización del terrorismo que podría exceder de lo que es un mero ejercicio del humor negro», contexto en el que Zapata quiso justificar esos tuits.
De este modo, indicaba la Sala, la frase referida a Villa está «revestida objetivamente de relevancia penal» dentro de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, castigado con penas de uno a tres años de cárcel, aunque al haber difundido su comentario por un medido de difusión pública la condena sería superior al año.
Esta decisión fue adoptada por los magistrados Enrique López y Concepción Espejel con el voto en contra del tercer miembro del tribunal, José Ricardo de Prada, que descartó que se hubiera humillado a la víctima que podría haberse visto afectada por ese tuit, ya que la propia Villa dijo no sentirse ofendida, por lo que el delito por tanto, a su juicio, «simplemente no existe».
También De Prada reprochaba a sus compañeros, recusados en el caso Gürtel por su afinidad al PP, que «el tribunal debe ser igualmente consciente de que es un tribunal de toda la sociedad» y no se puede «hacer prevalecer los criterios personales o sesgos políticos o ideológicos de sus magistrados».
Cuando Pedraz dio carpetazo a este asunto, argumentó que el comportamiento de Zapata encaja en el ejercicio del derecho de expresión y que «su intención en modo alguno era lesionar la dignidad de las víctimas y no podía imaginar que pudiera humillar a algunas víctimas».
Respecto al comentario sobre Villa o el que hizo del holocausto nazi -«'¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un seiscientos?, en un cenicero'»-, el juez observó que iban entrecomillados, lo que le llevó a concluir que «no es una oración elaborada por el Sr.Zapata» sino que la oyó en la calle «hace tiempo».
Asumía así el juez la versión del concejal, que explicó que se trataba de «citas de expresiones que en su momento recordó de cuando era pequeño, en un debate sobre libertad de expresión».
De este modo, Pedraz concluyó que «difícilmente el Sr. Zapata se pudiera representar 'seriamente' ese posible daño a las víctimas» y «teniendo en cuenta que publicó esos tuits hace cuatro años» se pregunta: «¿Acaso él sabía que iba a tener un cargo público, que alguien iba a 'rebuscar' en su pasado 'tuitero' y luego, por ser concejal, iba a tener la repercusión que ha tenido?».
2 comentarios
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La interferencia política en los asuntos judiciales ha quedado claramente revelada en este caso. Los vaivenes de este asunto dejan al descubierto que el proceso está repleto de valoraciones subjetivas. Mal asunto para un Estado de Derecho. Eso se llama inseguridad jurídica. Por otro lado, dentro de lo desafortunado de un tuit de hace años, más parece una persecución personal que otra cosa. Un poco de más de sensatez -de la cual no tiene sobras el procesado, por lo que parece - institucional no estaría de más.
¿Para cuándo va ha recibir el mismo trato el tal Hernando del PP?