En el citado texto, se dan argumentos para responder a las acusaciones contra el ministro del Interior, quien fue grabado hace dos años mientras en dos reuniones que mantuvo con el jefe de la Oficina Antifraude Catalana (Oac). El Ministerio del Interior ha abierto una investigación para esclarecer quién lo grabó y quién lo ha filtrado.
En este argumentario se explica que quienes han filtrado estas grabaciones hechas «de forma ilegal y delictiva» lo que quieren es «manipular el voto de los españoles», ya que se hicieron hace dos años, se han «ocultado» y «se publican justo ahora».
En el texto, los populares exponen su preocupación por el hecho de que algunos dirigentes políticos sean capaces de aprovechar un «acto ilegal» para obtener un «rédito electoral». Recuerdan que la privacidad es un derecho fundamental de todo español y creen que si se legitiman estos «métodos», que califican de «mafiosos» en una democracia, «nos encaminamos hacia un Estado sin libertades».
Además, acusan a la izquierda de estar «haciendo el juego» a los independentistas con las «libertades de todos: Los extremistas y los independentistas están tratando de debilitar al PP para allanar su camino hacia la ruptura de España».
En este sentido, explican que lo que se está haciendo es «legitimar» unos «métodos profundamente mafiosos», como son las grabaciones «ilegales», con el «evidente propósito de sacar réditos en las próximas elecciones».
Finalmente, agregan que este Gobierno «siempre» ha garantizado la independencia de las instituciones. «Hemos demostrado que se han perseguido los actos ilícitos independientemente del signo político del que procedan», recalcan.
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