El Gobierno decidirá el próximo viernes presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución contra la resolución del Parlamento de Cataluña que ha aprobado las conclusiones del denominado proceso constituyente y que abren una vía unilateral a la independencia.
Tras la aprobación la mañana de este miércoles de esas conclusiones, la Comisión General de secretarios de Estado y de subsecretarios ha celebrado una reunión en la que ha estudiado elevar al Consejo de Ministros del próximo viernes un acuerdo por el que se autoriza a la Abogacía del Estado a presentar ante el TC ese incidente de ejecución.
Fuentes del Gobierno han informado de esa decisión y de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, se ha puesto en contacto con los líderes de otros partidos para informarles de la actuación del Gobierno ante lo que considera que es «un nuevo desafío a la legalidad y el orden constitucional».
En concreto, hasta primera hora de la tarde había hablado con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y estaba pendiente de hacerlo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Las fuentes del Ejecutivo han subrayado que en la resolución aprobada por el Parlament se señala que el pueblo de Cataluña tiene legitimidad para comenzar un proceso constituyente propio que constara de tres fases.
Una primera de proceso participativo, una segunda de desconexión con el Estado y convocatoria de unas elecciones constituyentes que conformara una Asamblea Constituyente que redactara un proyecto de Constitución, y una tercera de ratificación mediante un referéndum.
Ante todo ello, el Gobierno entiende que la propuesta de resolución aprobada en el Parlament vulnera radicalmente la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015 que anuló el llamado proceso de desconexión.
Y vulnera también, según el Ejecutivo, el auto de 19 de julio pasado en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC.
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en la pasada legislatura prevé que se pongan en marcha incidentes de ejecución con medidas cautelares de tipo coercitivo, incluidas multas y suspensión de cargos públicos, y también promover la actuación penal por parte de la fiscalía, cuando sean necesarios para obligar al cumplimiento de las sentencias del TC.
El Gobierno ha promovido hasta ahora dos incidentes de ejecución por incumplimiento de fallos del TC: uno relacionado con la resolución del Parlament de inicio del proceso político hacia la independencia; y otro por incumplimiento de la suspensión cautelar acordada por el TC de la Ley de Acción Exterior de Cataluña.
Fuentes del Constitucional consultadas han subrayado que, hasta el momento, el tribunal ha actuado con «contundencia» en la defensa de la Carta Magna, pero también con «prudencia, mesura y tranquilidad».
El pasado 19 de julio, el Pleno del Constitucional aprobó por unanimidad estimar el primero de esos incidentes y exigir a la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlament catalán que respete la Carta Magna, al entender que su actividad es «absolutamente inviable» por su coincidencia con el «proceso de desconexión».
El TC advirtió al Parlament, y «especialmente a la Mesa» de la cámara, de que la actividad de esa Comisión debe someterse «al cumplimiento de las exigencias de la Constitución y, singularmente, de los procedimientos de su reforma».
De hecho, avisó expresamente «a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados».
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