El auto del Supremo se ha conocido en el mismo día en que el Senado comienza a constituir sus comisiones, y aunque la exalcaldesa de Valencia forma parte de dos -la Constitucional y la de Economía- se ha excusado y ha decidido no acudir a la Cámara Alta y ocuparse del estudio del escrito del Alto Tribunal.
El Supremo va a investigar a la senadora valenciana del PP por supuesto blanqueo de dinero por parte del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, mediante operaciones financieras conocidas como «pitufeo», realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.
Ante la nueva situación procesal de Barberá, varios dirigentes del PP en el Senado se han apresurado a aclarar que por el momento es ella quien debe pronunciarse sobre su dimisión, y su compañero y expresidente valenciano Alberto Fabra ha llegado a manifestar que confía en que esté «a la altura de las circunstancias».
La decisión judicial ha tenido una inmediata consecuencia política en un período abierto a la negociación tras la frustrada investidura de Mariano Rajoy con los votos del PP y Ciudadanos.
Así, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho una clara advertencia al Partido Popular al señalar que si Mariano Rajoy quiere su apoyo para otra investidura antes tendrá que «hacer dimitir» a la senadora del PP por Valencia.
«Si el PP quiere que Ciudadanos se comprometa a alguna investidura va a tener que hacer dimitir a Rita Barberá. Si no lo hace, incumplirá el pacto y no contará con nuestro apoyo», ha sentenciado ante los diputados de su grupo parlamentario.
No ha sido el único partido que ha exigido expresamente su renuncia inmediata al acta de senadora.
El PSOE, por boca de su secretario general, Pedro Sánchez, también la ha reclamado, apuntando además que es preciso «reivindicar la ejemplaridad».
El portavoz socialista el Senado, Óscar López, ha recordado además al PP que debería aplicar a este caso su acuerdo con Ciudadanos para la regeneración democrática firmado antes de la investidura de Rajoy.
Sin embargo, desde las filas del PP sus dirigentes han evitado utilizar expresamente los términos «renuncia» o «dimisión» al aludir al caso de Barberá y a las consecuencias de la decisión del Supremo.
El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha señalado nada más conocer su encausamiento: «Esperamos que la persona afectada pueda pronunciarse al respecto. Es lo lógico y lo que procede en este caso».
Fabra, por su parte, tras decir que espera que la exalcaldesa de Valencia esté «a la altura de las circunstancias», ha añadido: «el partido es conocedor de esa situación y seguro que tomará las decisiones adecuadas».
En la misma línea, los también senadores del PP Xavier García Albiol y José Ramón Bauzá han coincidido en que el partido tomará la decisión correcta y «acorde a las circunstancias», eso sí, mientras el PP de la Comunidad Valenciana hacía notar que Barberá «formalmente no está imputada».
Entre tanto, a las exigencias de dimisión del PSOE se han adherido varios dirigentes de Podemos, como su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, o la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, que han invocado las responsabilidades políticas que debe cumplir más allá de las penales que le puedan corresponder.
Según Errejón, «Barberá está avergonzando a los valencianos y a todos los españoles» y su renuncia al escaño es un clamor ciudadano.
Montero ha añadido que el PP se ha convertido en una «máquina de corrupción» y el portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha alertado de que la Cámara Alta no puede convertirse en un «refugio de bandidos».
Desde Compromís, el senador Carles Mulet ha afirmado que el auto del Supremo supone «el principio del fin» de la exalcaldesa de Valencia y ha pedido al PP que la aparte «de forma fulminante» de las dos comisiones del Senado a las que pertenece.
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