Barberá pide su baja en el PP pero mantiene el escaño de senadora

En un comunicado con su nombre, pero con el membrete de la Oficina de Prensa de la sede del PP, Barberá indica que la baja del partido es «una muestra más» de su «entrega» a él y con ella evita que nadie se ampare en su persona para atribuirla «cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales».

Reconoce la exalcaldesa de Valencia que ésta es una decisión «dolorosa» para ella, si bien le permite «actuar en plena libertad sin estar sometida a disciplina alguna para ejercer» su defensa de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución en los «tribunales correspondientes».

Actuación, añade en la nota, que dirigirá contra «las personas que hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia».

«Yo seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos», sentencia Barberá, quien cierra así este comunicado.

Pero ese trabajo lo seguirá haciendo como senadora, pues tendrá que inscribirse en el Grupo Mixto al causar baja en el Partido Popular y, en consecuencia, desvincularse del grupo en el Senado.

Mantiene el acta en la Cámara, por cuanto que renunciar a ella «podría entenderse como una asunción de culpabilidad», recalca.

El resto del comunicado lo dedica Barberá a detallar su respuesta a la decisión de este martes del Tribunal Supremo para abrir una investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, cuando ella era su alcaldesa.

Primero, dice, analizará los hechos una vez conocido el contenido «exacto y concreto» del auto referido, algo que «no se produjo hasta primera hora de la tarde de ayer», puntualiza.

Barberá remarca que esperaba esta decisión del Supremo, toda vez que existe un procedimiento judicial previo en el que se investiga a otras 49 personas por «el hecho objetivo de haber realizado una aportación de 1.000 euros destinados a la campaña electoral».

Como quiera que no hay contra ella ningún «testimonio directo de incriminación», resultaría «incoherente» no abrir una investigación, concluye.

Añade que de esa resolución se desprende que no tiene ningún privilegio, «tal y como se ha intentado hacer creer a la opinión pública en burda manipulación, interesada políticamente».

Asimismo, Barberá aprovecha el comunicado para manifestar su interés y deseo para «el pronto inicio de las diligencias» que den lugar a su declaración «en el menor tiempo posible» para «el esclarecimiento definitivo de la inexistencia de ilícito alguno».