Asimismo, achaca estos delitos a otras 28 personas vinculadas a la sociedad, entre ellos el que fuera director general de la filatélica, Antonio Merino Zamorano, los auditores externos José Carrera Sánchez y Rafael Ruíz Berrio, el consejo de administración y el asesor jurídico.
Todos ellos deberán resarcir de forma solidaria con 3.707 millones a los 268.804 titulares de los 393.754 contratos suscritos por Fórum.
Según explica la Fiscalía en una nota, sobre Briones recae la mayor petición de condena, 27 años de cárcel, al considerarlo el líder de toda la organización, «de marcado carácter presidencialista», y que dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones, que los investigadores han tardado más de diez años en acreditar.
Para él, el fiscal Alejandro Luzón solicita que indemnice con 60 millones por blanqueo de capitales, y otros 468.000 euros por el resto de delitos, en tanto que para sus dos hijos, Sara y Borja, como partícipes a título lucrativo pide una indemnización de 2.147 millones a cada uno.
También son significativas las cuantías reclamadas a otros dos acusados, Jean Gaston Bernard Renard y Jean François Saint-Laurent, 150 millones a cada uno; por su parte, los proveedores de filatelia Jesús Sánchez Rodríguez y Pamela Marlon se enfrentan a una petición de 124 y 60 millones.
El fiscal sostiene que Fórum desplegó durante años una actividad de captación masiva de fondos que alcanzó los 11.200 millones entre 2000 y 2005, mediante la suscripción de unos contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a las ofrecidas por los bancos.
La sociedad aseguraba que los intereses pagados procedían de la revalorización de los sellos asignados por contrato cuando «en realidad los abonaba con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal que le obligaba a captar nuevos inversores permanentemente».
En este sentido, señala Anticorrupción, Fórum carecía de patrimonio para devolver las aportaciones ya que su mayor activo era una filatelia «libremente» valorada y con precios que incrementaban «sistemáticamente cada trimestre», a pesar de tener un valor once veces menor al indicado.
Gran parte de estos fondos se empleó «en alimentar su propia maquinaria piramidal» así como en satisfacer las «cuantiosas retribuciones» recibidas por sus administradores y directivos; el resto, concluye, se destinó a una red de sociedades extranjeras que operaban como proveedores de sellos y que eran utilizadas como soporte para el delito de blanqueo.
En su escrito, el Ministerio Público recuerda que todavía continúa en busca y captura uno de los máximos responsables de la red de proveedores de Fórum, Carlos Llorca, quien «controlaba los complejos circuitos financieros a través de los cuales se desvió al extranjero una gran parte de los fondos captados a los clientes».
La sociedad filatélica fue intervenida judicialmente el 9 de mayo de 2006, a instancias de Anticorrupción, que presentó una querella ante el juzgado central de Instrucción número 5 tras la investigación de la Agencia Tributaria.
El escrito de acusación de la Fiscalía llega tres meses después de que la Audiencia Nacional condenase a los antiguos responsables de Afinsa a penas de hasta 12 años de prisión.
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