En las próximas horas, antes de que por la noche se cumplan las 96 horas máximas de detención provisional, serán presentados ante un juez antiterrorista.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el caserío de Louhossoa, cerca de la frontera con España, donde las fuerzas del orden francesa, en cooperación con la Guardia Civil española, incautaron un «importante» depósito de armas, según los términos del ministerio del Interior galo, que les consideró como personas «en relación con la organización terrorista ETA».
La policía encontró en el caserío dos granadas, 29 armas cortas, 9 fusiles de asalto, 12 metralletas, más de 3.000 municiones, gran cantidad de explosivos, material para fabricarlos, detonadores y temporizadores.
Los medios nacionalistas del País Vasco francés, así como algunos diputados galos, habían pedido la liberación de los cinco arrestados, por considerarles «artesanos» de la paz.
El ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, por su parte, aseguró que «nadie» es legítimo para destruir armas de ETA, sobre todo porque pueden constituir pruebas para la resolución de «actos graves, incluso atentados».
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