El 9N lleva a Artur Mas al banquillo y siembra dudas sobre su futuro político

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará la semana próxima a Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) la había suspendido cinco días antes.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas -y nueve para Ortega y Rigau-, una pena que la acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias eleva a 12 años y que, en ambos casos, impediría a los procesados ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de condena.

Las consecuencias legales del 9N amagan con ensombrecer el futuro político de Artur Mas, en un escenario en que el expresidente catalán sigue sin despejar la incógnita de si aspirará a encabezar, en unas futuras elecciones catalanas, la lista de un PDeCAT falto de un liderazgo claro tras la renuncia de Carles Puigdemont a repetir como presidente de la Generalitat.

Mientras su eventual condena no fuera firme, Mas podría encabezar una lista electoral a la presidencia de la Generalitat y ocupar cualquier cargo público, lo que deja su futuro político en manos del calendario del Tribunal Supremo (TS), que será quien tenga la última palabra en el caso al resolver los recursos de casación que puedan presentarse contra la sentencia.

De hecho, el alto tribunal tendrá ocasión de conocer a fondo los prolegómenos del 9N en el juicio contra Francesc Homs, exconseller de Presidencia y diputado en el Congreso, por su papel en la consulta, que el Supremo tiene previsto celebrar en los próximos meses.

Como ocurriera en su declaración como imputados ante el TSJC, Mas, Ortega y Rigau acudirán el lunes al banquillo arropados por los manifestantes a los que las entidades soberanistas han convocado a las puertas del Palau de Justicia, no sin polémica, después de que la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, animara a los funcionarios a pedirse fiesta par ir a alentar a los encausados.

De hecho, el juicio por el 9N, en el que Mas siempre se ha proclamado víctima de una causa política, puede convertirse en baza electoral para el propio expresidente catalán y para el PDeCAT, una formación a la que las encuestas vaticinan resultados poco halagüeños en unos futuros comicios y que, a partir del próximo 1 de marzo y durante cuatro meses verá airear las sospechas de corrupción de Convergència en el juicio por el expolio del Palau de la Música.

La investigación judicial por el 9N arranca de una querella de controvertida gestación, impuesta por la Fiscalía General del Estado después de que los fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña se opusieran en bloque a encausar a Mas por la consulta, al entender que no existió una orden expresa del Constitucional que prohibiera la votación.

Las reticencias de la Fiscalía de Cataluña serán uno de los principales argumentos que esgrimirá la defensa de Mas, quien en su declaración como imputado ante el TSJC se erigió en único responsable político del 9N, pero alegó que tras la suspensión la consulta se quedó en un mero «proceso participativo» organizado por voluntarios, sin que ninguna autoridad del Estado lo impidiera.

Precisamente, el argumento de la Fiscalía de Cataluña de que Mas no incurrió en un delito de desobediencia porque el TC no advirtió expresamente de las consecuencias de desoír la suspensión del 9N ha dado aire a las tesis de las defensa, en una cuestión que será clave para que el TSJC dirima las responsabilidades penales del Govern en la consulta.

Mas, Ortega y Rigau serán juzgados por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de la moderada asociación de jueces Francisco de Vitoria, junto a los magistrados Carlos Ramos -designado a propuesta del Parlament- y Eduardo Rodríguez Laplaza, refuerzo procedente de la sala contenciosa del alto tribunal catalán.

El caso del 9N será enjuiciado por el TSJC -aunque Mas perdió su condición de aforado después de que la CUP pidiera su cabeza para investir a Carles Puigdemont y Ortega también al abandonar la política-, gracias a que Irene Rigau decidió conservar su escaño en el Parlament para garantizar la «protección» de los acusados, que de otra forma habrían sido juzgados por un juzgado ordinario.