El delegado del Gobierno en Catalunya asegura que hay contactos «a todos los niveles» entre el Ejecutivo y la Generalitat

«Las conversaciones, los encuentros, se producen, y a veces son públicas pero no siempre. De hecho, para que las cosas se puedan hablar con la serenidad que requieren, hacerlas públicas lo dificulta», ha explicado en una entrevista del 324 recogida por Europa Press en la que ha expuesto que estas reuniones se han llevado a cabo, por ejemplo, con las cuatro capitales de provincia: Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona.

Ha reiterado la oferta de diálogo hecha por el Gobierno que lidera Mariano Rajoy y ha celebrado que se estén llevando a cabo reuniones entre administraciones: «El diálogo existe y estamos trabajando para encontrar un camino de salida, que no es el referéndum».

Para Millo, celebrar un referéndum «no resuelve nunca un problema entre dos partes», por lo que rechaza que se lleve a cabo uno para decidir el futuro político de Catalunya, y aunque ha reconocido que se podría reformar la ley para que se pudiera celebrar uno, ha puntualizado que las actuales mayorías en el Congreso de los Diputados no lo hacen posible.

Preguntado sobre la reacción de La Moncloa a una hipotética consulta al margen de la legalidad española , ha respondido que «el Gobierno de España trabaja para evitar que se convoque un referéndum ilegal» y ha dejado la puerta abierta a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía.

«Está contemplado en la ley y, si no hubiera más remedio que aplicarlo, se aplicaría», ha valorado Millo, que fue nombrado delegado en Catalunya hace tres meses. REFUGIADOS

Sobre la multitudinaria manifestación del sábado en Barcelona para reclamar la acogida de refugiados, ha celebrado que la ciudadanía catalana reivindique de forma pacífica «el espíritu solidario y de acogida» propio de Catalunya y ha cifrado en 22.500 las personas que en 2016 recibieron asilo en España, el quinto país que más refugiados atendió, según él.

Así, ha rechazado las críticas por la lentitud en la recepción de personas refugiadas y ha defendido que «no son 700, son 1.034» los que han llegado a España.