«Por favor, intenten poner las cosas un poquito más fáciles». Es la súplica de David, hermano de una mujer asesinada por su marido en 2013 que lleva desde entonces sumido en una carrera de obstáculos para hacerse cargo de su sobrina huérfana, que presenció el crimen cuando apenas tenía tres años.
Ahora la pequeña vive con él y su mujer porque así lo decidieron «de corazón», pero lo cierto es que a esta pareja joven y sin hijos les ha cambiado la vida por el costosísimo procedimiento de adopción en el que todavía se encuentran inmersos y por los gastos que conlleva la manutención de la niña.
En la jornada parlamentaria celebrada esta tarde en el Congreso para visibilizar la situación que viven los cuarenta menores que cada año se quedan huérfanos como consecuencia de la violencia de género, David ha querido ofrecer su testimonio para alertar sobre la «realidad oculta» que se esconde en cientos de familias que han padecido esta lacra.
Desde el día del asesinato hasta que el autor fue detenido tres meses después, los que tardó la Policía en reunir los indicios suficientes para que el instructor decretara su ingreso en prisión incondicional, la familia materna no supo «absolutamente nada» de la niña.
El motivo, que su progenitor, con el apoyo de sus padres, la sumieron en el «desarraigo más absoluto y total», dando de baja a la niña del colegio y alejándola de todo aquello que pudiera recordarle a su madre.
Aunque esa situación terminó cuando su padre entró en la cárcel, el juez, que acabó entregando la patria y potestad de la menor a la familia materna, paralelamente estableció un régimen de visitas semanales supervisadas a los abuelos paternos en un punto de encuentro familiar gracias al informe favorable de los servicios psicosociales.
«Sus análisis y recomendaciones parten de una visión idílica de lo que sería lo mejor para la menor», y en su opinión fue que esas visitas eran más beneficiosas que perjudiciales, sin tener en cuenta que la niña, cada vez que tenía que afrontar una de esas visitas, exteriorizaba sus sentimientos «con vómitos».
Tras el asesinato, el agresor hizo todo lo que estuvo a su alcance para que la pequeña recibiese una pensión de orfandad simple y él una de viudedad, que estuvo cobrando varios meses.
Esto cambió cuando la familia materna se hizo con la responsabilidad de la niña y puso esta situación en conocimiento de la Seguridad Social, que le retiró la pensión de viudedad y concedió la de orfandad completa a la niña.
David ni siquiera ha logrado incluir a su sobrina en su declaración de IRPF, y de momento la única que ayuda que reciben es la que concede desde este año la Comunidad de Madrid para el comedor escolar: 234 euros al año.
Y ello pese a que la sentencia condenatoria establecía una indemnización para la pequeña que, «evidentemente, el asesino nunca va a pagar».
Con lo único que se resarcirá a la pequeña es con la vivienda de sus progenitores, la mitad de la cual está embargada para que en un futuro actúe como indemnización. Lo que ocurre es que «la legislación no permite la adjudicación directa de esa vivienda, que terminará en subasta pública», ha criticado David.
Pese a todo ello, David y su esposa han iniciado los trámites para adoptar a su sobrina, y no dudarían «un solo segundo» en volver a hacerlo, pese a que cuando se formalice, perderá la pensión de orfandad.
«Ella dejará de ser huérfana, la vamos a proporcionar todo el amor, el afecto y los cuidados que necesite», dice David, que añade: «Como padre, madre e hija nos sentimos desde hace mucho tiempo, pero ella siempre será consciente de que su mamá de barriguita está en el cielo y que su padre esta castigado donde se castiga a los mayores».
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