Según fuentes de la compañía, Iberdrola Generación España ha prestado «toda su colaboración» al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la solicitud de información relacionada con la actuación de la empresa en el mercado eléctrico entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.
Las fuentes consultadas han explicado que el grueso de la información solicitada ahora ya está en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que analizó los hechos en su momento e impuso una sanción de 25 millones en noviembre de 2015.
Contra esa resolución administrativa se tramita en la actualidad un recurso que Iberdrola Generación presentó ante la sección cuarta de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Las fuentes de la eléctrica recuerdan que, a raíz de la presentación de ese recurso, admitido a trámite en febrero de 2016, la Audiencia Nacional decidió, a mediados de marzo de ese año, suspender cautelarmente el pago de la sanción impuesta por la CNMC hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
La compañía ha recalcado que no interfirió en el proceso de formación de precios en el mercado eléctrico, «no medió en ningún momento engaño o fraude» y «nunca hubo intención de alterar el precio de la electricidad».
Iberdrola Generación, explican las fuentes, «actuó siempre como un gestor prudente y razonable de las centrales hidroeléctricas investigadas», lo que, según la empresa, «ha probado mediante la presentación de informes de expertos cualificados independientes».
La eléctrica subraya que no obtuvo beneficio alguno por esta presunta actuación, ya que tenía una posición neta compradora en el mercado en el periodo analizado.
Según Iberdrola, en ese momento no tenía la capacidad de incrementar el precio del mercado, al carecer de posición de dominio, y «no tenía ningún interés en que se incrementara».
A juicio de la compañía, la resolución dictada en su momento por la CNMC es «manifiestamente incoherente» con otras decisiones previas del propio organismo, que ya se había pronunciado sobre las circunstancias atípicas (alta demanda, ola de frío, subida del precio del gas, ausencia de viento y lluvia) registradas en las semanas previas a la celebración, el 19 de diciembre de 2013, de la subasta CESUR, que se utilizaba en aquel momento para determinar las tarifas eléctricas reguladas.
Las fuentes citadas recuerdan que la Audiencia Nacional ya anuló, el 4 de julio de 2012, la única sanción (de 2,4 millones) impuesta a Iberdrola Generación basada en el mismo tipo sancionador al considerar que no había pruebas suficientes.
Además, aplicando esta doctrina, en julio de 2014 la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC archivó un expediente en el que la Dirección de Energía solicitaba una sanción de 2 millones por las ofertas presentadas al mercado por la central de Guardo 1 en 2011 y 2012.
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