El juez mantiene en prisión a Ignacio González

El juez rechaza además poner en libertad a González, en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 21 de abril, por el «riesgo de fuga» que aprecia, por la posibilidad de que altere pruebas y esconda el dinero malversado y ante la «cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad» sobre él.

En un auto, que ha sido notificado hoy, el juez rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid, que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en su día le llevaron a dictar la prisión contra él.

Para el magistrado, de los indicios recabados hasta ahora se desprende que pudo tener un «papel decisivo y necesario» en los delitos que se investigan en la trama Lezo: malversación, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.

Destaca que las penas que conllevan los delitos investigados en la trama ya justificarían el mantenimiento de la prisión, pero a ello añade otras circunstancias para confirmar su estancia en la cárcel.

García-Castellón afirma que las circunstancias que en su día motivaron la medida sí han variado, pero en el sentido de reforzar las acusaciones contra él.

«Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa», afirma en el auto.

Otro de los motivos en los que se basa el juez para adoptar esta decisión es el riesgo de fuga. En este caso, indica, es evidente con «una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción».

A ello se une «la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones)», lo que «patentiza el riesgo de fuga».

Actuaciones secretas

La puesta en libertad de González podría asimismo afectar a las fuentes de prueba, ya que, según García-Castellón, aún se están practicando diligencias como declaraciones y examen de documentación que, a su vez, dan lugar a nuevas declaraciones y a la petición de más documentación.

Ello requiere, dice el juez, que las actuaciones estén secretas, con el objetivo de evitar coacciones de los imputados o que los implicados en Lezo oculten, alteren y destruyan pruebas.

De hecho, indica que algunas pruebas que se han recabado desde que se acordó la prisión del expresidente madrileño refuerzan «la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito».

Como consecuencia de todo ello, García-Castellón concluye que se mantienen todos los elementos que llevaron a adoptar la prisión de Ignacio González y que el avance de la investigación pasa necesariamente por mantener la medida adoptada.