La Fiscalía de Barcelona ha presentado hoy una querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña que fueron designados por el Parlament para ejercer funciones análogas a las de una Junta Electoral en el referéndum del 1 de octubre.
La querella, presentada en los juzgados de Barcelona, acusa a los miembros de la Sindicatura de un delito de desobediencia, usurpación de funciones y malversación, por aprobar acuerdos para la celebración del referéndum de independencia cuando la consulta ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
La Fiscalía pide al juez que requiera a los responsables del Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y al Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) que se abstengan de publicar acuerdos y resoluciones que pueda dictar la Sindicatura Electoral de Cataluña, con la advertencia de que podría incurrir, «cuanto menos, en un delito de desobediencia».
Según mantiene el ministerio público en su querella, el pasado 8 de septiembre, tras haber recibido las notificaciones del Constitucional que suspendía el referéndum de independencia, los cinco miembros de la Sindicatura aprobaron un acuerdo -posteriormente, publicado en la web del referéndum-, por el que nombraron a los vocales titulares de las sindicaturas electorales de las demarcaciones de Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
En la misma página, sostiene la Fiscalía, la Sindicatura publicó otro acuerdo que regulaba el proceso de acreditación para las organizaciones interesadas en participar en el referéndum.
Para la fiscal de Barcelona, Ana Magaldi, con esas resoluciones los miembros de la Sindicatura actuaron «arrogándose unas facultades inexistentes», conscientes de que «carecían de legitimación alguna para actuar», puesto que las resoluciones del Parlament para organizar el referéndum habían sido suspendidas por el TC.
Según la querella, al nombrar a los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación «los querellados actuaron con el propósito de suplantar o falsear la realidad administrativa y ocultando la suspensión constitucional de la ley que le habilita (...)».
Una vez el TC comunica a los miembros de la Sindicatura la suspensión de la ley de transitoriedad, que configura a este órgano como adscrito al Parlamento, los querellados, prosigue la Fiscalía, no modifican «en nada» su conducta y, «sin tener legitimación alguna para actuar, mantienen la publicidad de sus resoluciones y acuerdos fomentando la celebración del inconstitucional referéndum».
Además, para el ministerio público, la actuación de los miembros de la Sindicatura «compromete directamente los fondos públicos en tanto que el mantenimiento y funcionamiento de la Sindicatura supone necesariamente la percepción de retribuciones por parte de sus miembros, que siguen desarrollando una función retribuida conscientes de la ilicitud del gasto», por lo que les atribuye además un delito de malversación de fondos públicos.
La Fiscalía cree que los miembros de la Sindicatura han incurrido en un delito de usurpación de funciones públicas, dado que han realizado actos de «ordenación, regulación e impulso» de un proceso electoral suspendido por el TC, «amparándose en un nombramiento igualmente suspendido constitucionalmente».
La querella subraya que el Estatut de Cataluña «no contempla esta institución», por lo que al actuar «sin soporte normativo alguno», los miembros de la Sindicatura «se arrogan funciones organizativas y disciplinarias» que son competencia de las Juntas electorales provinciales.
El ministerio público recuerda además que los miembros de la Sindicatura fueron advertidos en las providencias del Constitucional «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional».
En su querella, la Fiscalía adjunta copias de las resoluciones de la Sindicatura extraídas de las réplicas de las páginas web del referéndum que se activaron ayer, una vez la Guardia Civil cerró la inicial, www.referendum.cat., tras la clausura de esta última acordada por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
En su querella, el ministerio público pide que, además de tomar declaración como investigados a los miembros de la Sindicatura, se interrogue como testigos al Letrado Mayor del Parlament, Antoni Bayona, y al secretario general de la cámara, Xavier Muro.
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