Así ocurrirá por ejemplo con respecto al secretario general de Vicepresidencia y Economía del Gobierno de Cataluña, Josep Maria Jové, que ha sido cesado este viernes con el objetivo de que pueda eludir la multa diaria de 12.000 euros que fijó para él el TC como responsable de la organización electoral.
Fuentes del Constitucional han señalado que los magistrados tendrán que valorar si este cese supone cumplir con lo que señala el auto referido a Jové y a la responsable del área de Procesos Electorales Monserrat Vidal Roca. Se les pidió en concreto que «justifiquen ante el tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto».
Si en unos días --probablemente pasada ya la fecha del 1 de octubre-- el tribunal considera que pese al cese Jové no ha dado cumplimiento a estas peticiones podría igualmente multarle, teniendo en cuenta cuántos son los días de incumpliento.
La misma valoración se realizará respecto de los siete miembros de la sindicatura electoral designada por el Parlamento de Cataluña y de los 15 síndicos territoriales, a los que se les exigió concretamente la revocación de todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, la comunicación de tal revocación a sus destinatarios y la renuncia a sus cargos.
Esta indicación también es aplicable a Carme Vilanova Ramón, que aparece citada como presidenta de la sindicatura del Arán en el auto pese a que desde su entorno se asegura que nunca aceptó tal cargo y que así lo comunicó al propio tribunal de garantías el pasado día 15. Dicha comunicación será uno de los elementos a valorar por el tribunal, según las mismas fuentes.
Una vez se realicen todas las valoraciones, el Tribunal Constitucional remitirá a Hacienda el listado de las personas que deben ser multadas y las cantidades que se les reclaman, en función de los días que se consideren que han insistido en su desobediencia a este órgano.
El Pleno del TC acordó ayer de forma unánime la imposición de multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los siete miembros de la sindicatura creada por el Parlamento de Cataluña para ejercer a modo de junta electoral de cara al referéndum del próximo 1 de octubre. En el caso de los síndicos territoriales estas multas ascienden a 6.000 euros.
Estos incumplimientos habrían consistido no sólo en la designación de los miembros de las sindicaturas de demarcación, sino también en la adopción de resoluciones referidas al tamaño de las papeletas, los plazos para la presentación de organizaciones interesadas en el referéndum o para la validación del llamado «manual de instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de las mesas electorales».
2 comentarios
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Sentencias a medida y al minuto. Ojalá la justicia funcionara siempre así!
Que multen al Puigdemont, a ver si se va a casa.