En la denuncia, recogida por Europa Press, la CUP atribuye a la Policía los presuntos delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y otras garantías a la intimidad cometidos por funcionario público y coacciones graves.
Aseguran que fue una actuación «más propia de una organización mafiosa que de un organismo público como es la policía en una sociedad democrática».
Consideran que hubo coacciones cuando los policías actuaron contra la libre circulación de los miembros de su organización política al constituir el cordón policial que se instauró durante seis horas y el «intento de asalto» a la sede sin orden judicial.
Asimismo, ven un delito contra la inviolabilidad domiciliaria y otros derechos en la incautación del material político sin orden judicial, sin levantar ninguna acta, «sin amparo legal o jurídico», y el intento de entrar en su sede, recordando que son una organización política y que merecen especial protección.
Consideran que la actuación policial «compromete el sistema de derechos civiles», supone un ataque a la libertad política, al conjunto de su militancia con un asedio de más de seis horas y claramente vulneradora de los derechos fundamentales, así como un acto de censura.
Según la CUP, el 20 de septiembre a las 13.30 horas se presentaron en su sede una docena de agentes de paisano de la Policía Nacional que requisaron material de propaganda que se estaba cargando en un vehículo sin entregar ninguna acta.
Posteriormente, una patrulla intentó acceder al local de la CUP, donde los trabajadores y militantes les requirieron una orden judicial para entrar: «Ni en ese momento ni en ningún otro a lo largo de la tarde fue exhibida ninguna orden».
Hasta allí se fueron congregando militancia y otros simpatizantes, hasta llegar a unas 2.000 personas, por lo que se amplió el dispositivo policial -que duró de las 14 a las 20 horas- y en el que al final se disparó una escopeta de pelotas de goma.
Durante todo este tiempo, en varias ocasiones intentaron hablar con los agentes, sin éxito, representantes de la CUP y después representantes de un «legal team» formado por miembros de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), el presidente del Institut Català de Drets Humans, diputados de la CUP y el teniente de alcalde de derechos humanos de Barcelona, Jaume Asens.
4 comentarios
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Estos batasunos golpistas deberían estar ya fuera de la ley. Su comportamiento nazi justifica esto y más.
Toda esta gente no estudia y trabaja ?
Los antisistema recurriendo al sistema. Que paradojas.
Los de la CUP tienen la misma credibilidad que un billete de 70 euros. Vaya payasos.