Según expone la asociación en una nota, esta comisión, creada tras la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, no sólo implica un «despilfarro inútil» sino además una «ofensa a los derechos fundamentales que dice querer proteger» y por tanto piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «una reacción inmediata y contundente «contra la misma.
«(La comisión) únicamente podrá amparar de manera fiable una Institución independiente, nunca una iniciativa que parece seguir la lógica del juego infantil 'vamos a contar mentiras' y no sobra subrayar que quienes la promueven son autoridades que conscientemente han decidido no respetar nuestra Constitución, el Estatuto de Autonomía del Cataluña y el Reglamento del Parlament, que son los sustentos legales de su poder», denuncia la asociación.
Según expuso Puigdemont el pasado lunes, esta comisión de investigación se puso en marcha tras la «brutalidad» de la Policía y la Guardia Civil contra los ciudadanos que estuvieron en los colegios electorales del 1 de octubre. Según señala el acuerdo para su creación, «permitirá velar porque el sistema judicial sea (*) igual de diligente» y «garantizar que haya equidad y justicia para los que denuncian crímenes contra los derechos fundamentales».
En respuesta, la asociación de jueces denuncia que esta iniciativa no respeta tampoco las mismas leyes de desconexión aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Tribunal Constitucional. Además precisa que «es de sobra conocido» que las comisiones «no suelen aportar resultados útiles» y que, en España, «ha hecho fortuna la reflexión de que cuando se desea enterrar un problema lo mejor es crearla», si bien en esta ocasión «se le añade un tinte grotesco».
«No sabiendo cómo valorarla con los cánones del Derecho Internacional --que, según los Dirigentes de la Generalitat, son los únicos que rigen ahora mismo en Cataluña-- este Comité entiende que esta comisión es sin duda un pueril derroche de tiempo y de fondos públicos y, tomada en serio, un ataque inadmisible contra el Poder Judicial de nuestro Estado, que es quien tiene la esencial misión de enjuicia los hechos sin torpes e ilegítimas presiones», sentencia la nota.
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