Rajoy viajó a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo después de que esta mañana recibiera una contestación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que el Gobierno español considera que no aclaró si había declarado la independencia.
Ante ello, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para el próximo sábado en la que se acordarán las medidas concretas que pretende poner en marcha en aplicación del artículo 155 de la Constitución, pensado para hacer frente a actuaciones en una comunidad autónoma como las que ahora abandera Puigdemont.
A su llegada a la reunión del Consejo Europeo, Rajoy evitó hacer declaraciones a los periodistas sobre la respuesta concreta que dará a Puigdemont, y tampoco quiso hacer comentarios a los informadores el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien hoy se reunió en Bruselas con el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, y con varios dirigentes socialdemócratas.
Cataluña no formó parte de la agenda de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, como recalcó el presidente del Consejo, Donald Tusk, ya que consideró que «las posiciones están claras» y «no hay espacio» para una mediación de la UE.
«Todos nosotros tenemos nuestras propias emociones, opiniones, evaluaciones. Pero hablando formalmente -dijo- no hay espacio para intervenciones de la UE aquí».
Pero este asunto sí estuvo presente en las declaraciones de diversos líderes europeos.
Así, la canciller alemana, Ángela Merkel, defendió que la solución a este conflicto «tenga como base la Constitución española"
«Apoyamos la postura del Gobierno español», señaló la canciller, quien recalcó que el Gobierno de Rajoy cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos en España.
El presidente francés, Emmanuel Macron, (con quien Rajoy se reunió hoy durante veinte minutos para hablar esencialmente de los derechos de los trabajadores europeos, del futuro de la UE y de inmigración, según fuentes españolas), aseguró que el Consejo Europeo iba a estar marcado por «un mensaje de unidad» en torno a España.
Mark Rutte, primer ministro holandés, respaldó las decisiones que tome Rajoy porque cree que actúa siguiendo la opinión del Tribunal Constitucional, que recordó que ha considerado ilegal el referéndum en Cataluña del 1 de octubre.
Su homólogo luxemburgués, Xabier Bettel, apostó por «encontrar una solución política, diplomática, de hablar todos juntos» en Cataluña pero siempre respetando la Constitución española.
Rajoy ocupa en estas cumbres el asiento contiguo al del primer ministro belga, Charles Michel, quien en una entrevista días atrás dijo que si fracasaba el diálogo en Cataluña, cabría plantearse una mediación internacional.
Ambos se saludaron protocolariamente al inicio de la cumbre y Michel aseguró que no hay ninguna crisis entre los dos gobiernos por esas declaraciones de las que cree que ha habido una «dramatización mediática».
Además, reiteró que su posición respecto a la crisis institucional en Cataluña es condenar la violencia y llamar al diálogo entre las partes y al respeto del orden nacional e internacional.
Fuentes del Gobierno español aseguraron que «no hay ningún problema con Bélgica» por este asunto.
Por su parte, el primer ministro esloveno, Miro Cerar, consideró que la independencia de su país de Yugoslavia hace 26 años no es comparable a la situación en Cataluña, crisis para la que pidió una solución pacífica dentro del orden constitucional español.
A Cataluña se refirió igualmente el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la conferencia de prensa que ofreció tras reunirse con los líderes europeos.
En ella, reiteró su respaldo al Gobierno de Rajoy y rechazó invitar a Puigdemont a la Eurocámara porque no pretende «reconocer Cataluña como un país y como un socio que está al mismo nivel que España».
En una reunión previa a la cumbre y a la que asistieron, entre otros, Merkel y Juncker, los líderes del Partido Popular Europeo también cerraron filas ante las decisiones que debe tomar en los próximos días el Gobierno español.
A su llegada a esa reunión, el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi abogó por una solución dialogada que permita en un futuro un «referéndum controlado» y «legal» y que esté «enmarcado en la legitimidad constitucional» española.
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