Un ciudadano sujeta una estelada durante una concentración en Barcelona. | IVAN ALVARADO

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El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este viernes que el Govern «está preparado para asumir las responsabilidades» derivadas de la declaración de independencia cuando se apruebe, incluidas las del pago de las nóminas de los funcionarios y de las pensiones.

Junqueras ha indicado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que tras la declaración de independencia de Cataluña, si el Gobierno dejara de transferir los recursos que corresponden a la Generalitat, el ejecutivo catalán «está en disposición de garantizar el pago de las nóminas y de las pensiones» y de poner en marcha la nueva Administración tributaria.

Ha pedido, en este sentido, a los catalanes que tengan «confianza» en la capacidad del Govern para «asumir las responsabilidades que correspondan», aunque no ha aclarado cuándo podría aprobar el Parlament la declaración de independencia.

«Soy partidario de cumplir el mandato democrático de la mejor forma y en el menor tiempo posible», se ha limitado a afirmar el vicepresidente del Govern y líder de ERC.

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Junqueras, que ha sido rotundo al indicar que ahora mismo no mantiene «ningún contacto con el Gobierno español», ha descartado en este sentido que el presidente Puigdemont pueda convocar unas elecciones catalanas anticipadas.

«Tenemos un mandato muy claro obtenido en las elecciones del 27-S y reiterado con el referéndum del 1-O, por lo que convocar unas elecciones no es la mejor forma de avanzar», ha explicado antes de rechazar «especular» sobre si se pueden o no convocar los comicios «desde el Gobierno del PP».

Sobre la opinión que le merece la «acción directa» convocada por entidades soberanistas consistente en que los ciudadanos retiren fondos de las principales entidades bancarias, Junqueras ha apuntado que, de la misma forma que el Govern «es respetuoso con la libertad de empresa, también lo es con la libertad de consumo».

Junqueras ha relativizado el «impacto» sobre las finanzas de la Generalitat que puedan tener las «deslocalizaciones» de empresas, puesto que «no repercute ni en el IVA, ni en el IRPF ni tampoco en el impuesto de sociedades».