El Ejecutivo, en el incidente de ejecución de sentencia que ha presentado hoy ante el TC y al que ha tenido acceso Efe, invoca el artículo 161.2 de la Constitución, que garantiza la suspensión cautelar automática de las dos resoluciones aprobadas por el Parlament el pasado viernes 27 de octubre para declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente.
De hecho, el TC tiene previsto celebrar mañana un pleno en el que suspenderá la declaración de independencia cuando admita a trámite el incidente de ejecución del Gobierno contra la misma.
En el incidente de ejecución, el Gobierno considera que esas resoluciones «son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos», es decir, pretenden culminar el 'proceso constituyente' y, si no se anulan, «producirán efectos inmediatos».
Se refiere a la 'declaración de los representantes del pueblo de Cataluña' que «da efectividad a la declaración de independencia de la República de Cataluña» sobre la base de una declaración extraparlamentaria adoptada el 10 de octubre.
Y a una segunda denominada 'proceso constituyente' que «prevé claramente unos efectos jurídicos» en la medida en que el Parlament declara el inicio y la apertura de dicho proceso insta a la aprobación de una Constitución de la República de Cataluña.
El Ejecutivo solicita al Constitucional que no se limite a «una mera declaración de nulidad» de ambas resoluciones, pues considera necesaria «la mayor claridad y contundencia posible» contra el «atentado más grave contra el orden constitucional».
«Las resoluciones impugnadas tiene por objeto un aspecto de la máxima gravedad y trascendencia constitucional, que no es otro que romper con la Constitución y el Estatuto de Cataluña», advierte el Gobierno, que ve en ambas resoluciones «evidentes efectos jurídicos y vinculantes».
Y añade que «lo que se ha declarado es la materialización de los actos que culminan la ejecución por el Gobierno de la Generalidad del plan para intentar la secesión del resto de España».
El Gobierno considera que «el Parlament se arroga un poder», el de proclamar una república, «que indudablemente carece en nombre del pueblo catalán, al que imputa la soberanía nacional», tacha de «antidemocráticas» todas sus decisiones al respecto y carga contra esta institución por «confiscar, sin ningún reparo, competencias estatales».
Frente al imperio de la ley, afirma el Ejecutivo, «no puede contraponerse una presunta superioridad democrática del pueblo catalán respecto de la Constitución».
De esta forma, carga también contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los miembros de la Mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de ambas resoluciones, lo que supone un «incumplimiento, con pleno conocimiento» de las advertencias, «hasta en siete ocasiones», hechas por el alto tribunal a la Mesa para cumplir con las resoluciones del TC.
Es por ello que el Gobierno solicita que se deduzca testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a estas personas.
Desde un punto de vista técnico, el Gobierno explica que ha optado por un solo incidente de ejecución para ambas resoluciones porque «guardan entre ellas una unidad de sentido» con «una finalidad común que es la independencia de Cataluña y la proclamación de la República, la aplicación de un régimen transitorio y el inicio del proceso constituyente».
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