El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, comparece ante los medios de comunicación para informar de los trabajos de la 110º Asamblea Plenaria. | Efe

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Los obispos españoles han tachado de «fundamentalista e inquisitorial» la proposición de ley contra la discriminación del colectivo LGTBI impulsada por Unidos Podemos, y que ha sido admitida a trámite en el Parlamento, y llaman a todas las fuerzas políticas y sociales a «oponerse» a ella.

«Se trata de una propuesta fundamentalista, incluso con visos ciertamente inquisitoriales», ha denunciado este lunes 27 de noviembre el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, durante la rueda de prensa posterior a la CX Asamblea Plenaria de los obispos que se celebró la semana pasada.

Durante el encuentro, el obispo presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, Mario Iceta, informó a los prelados sobre la ideología de género y su traslación a los proyectos legislativos, como la proposición de ley impulsada por Podemos.

Los obispos han concluido que esta proposición supone «graves dificultades» y «un ataque frontal a una serie de derechos y libertades fundamentales».

«Pretende excluir otras visiones acerca del ser humano, se coartan libertades fundamentales como la libertad religiosa, la ideológica, de expresión, de prensa, de cátedra y llega a instaurar una verdadera censura», advierten los obispos.

Por ello, tal y como ha añadido el portavoz de los prelados, invitan «a todas las fuerzas políticas y sociales» a «oponerse» a esta propuesta «en aras de la libertad y la defensa de los principios democráticos y constitucionales».

En todo caso, ha asegurado que los obispos defienden «la dignidad inalienable de toda persona» y que «no se trata de ir contra las minorías». Si bien, ha puntualizado que la protección de estas «no puede llevar consigo la anulación de los derechos y libertades de los demás» .

«Aquí nadie se va a poder mover salvo que confiese con fe religiosa la ideología de género como un postulado de partido único del que nadie puede discrepar so penas que establezca la agencia establecida al efecto en la proposición de esa ley», ha criticado.

Además, Gil Tamayo ha recordado que no son la única confesión que ha salido al paso de esta ley, pues la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) envió un informe el pasado mes de septiembre al presidente del Gobierno Mariano Rajoy advirtiendo de la misma y pidiéndole que no se apruebe.

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En concreto, Gil Tamayo ha citado algunos aspectos de la ley denunciados en dicho informe como «la inversión de la carga de la prueba o la destrucción de libros que vayan contra la ideología de género».

A propuesta de FEREDE, el Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, órgano consultivo del Gobierno, designó el pasado mes de julio a dos expertos para que valoren «el posible impacto» que el contenido de la ley «pueda tener en el ejercicio de los derechos fundamentales», según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia. BEBÉS ROBADOS

Por otra parte, sobre las recomendaciones planteadas la semana pasada por el Parlamento Europeo para resolver los casos de bebés robados, el portavoz de los obispos ha mostrado su deseo de que «no vuelva a repetirse esta injusticia» y ha asegurado su disposición a «colaborar en la medida que establezca la ley» para el acceso a los archivos y respetando la protección de datos.

Gil Tamayo ha precisado que recibió en la sede de la CEE a un grupo de europarlamentarios que «traían la idea de que los archivos bautismales contienen la vida y obra de las personas». Si bien, ha indicado que los únicos archivos que tiene la Iglesia son las partidas bautismales que registran la fecha del bautismo, el ministro y el nombre y los apellidos.

Además, ha recordado que entre el momento del nacimiento y el del bautismo -acontecimientos que pueden suceder en ciudades distintas-, media un tiempo que puede ser incluso de meses por lo que existe «una limitación».

Asimismo, ha recordado que tienen que cumplir con la ley española de protección de datos, que ahora se tiene que adaptar a la directiva europea de protección de datos, y ha precisado que, durante la CX Asamblea Plenaria, los obispos han aprobado pedir al Vaticano una autorización para establecer un orden conforme a esta nueva directiva.

En la rueda de prensa también ha intervenido el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, que ha dado cuenta de los balances y liquidación presupuestaria del año 2016. Además, preguntado por las cuentas de la televisión de los obispos, TRECE, ha indicado que durante los últimos seis años, las diócesis españolas han invertido en este canal un total de 60 millones de euros.

Barriocanal ha justificado esta inversión asegurando que los obispos entienden TRECE como «un proyecto pastoral estratégico» y recordando la audiencia de sus emisiones, como la de la Misa diaria que ven «entre 50.000 y 80.000 personas».

Además, ha asegurado que los obispos «respaldan» TRECE y «animan a buscar un modelo de sostenibilidad para que no tenga que ser financiada de ninguna otra manera».