El informe ha generado diferencias entre los letrados del Parlament hasta el punto que solo esta firmado por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y no por el letrado mayor, Antoni Bayona, como es habitual.
El conflicto se originó cuando Torrent pospuso el pleno de investidura, ya que la ley no contempla con exactitud qué pasa con este escenario, y el informe concluye que el aplazamiento del pleno no fue por «voluntad deliberada» de Torrent, sino porque el Gobierno central lo impugnó ante el Tribunal Condtitucional (TC) por considerar que el candidato a la Presidencia propuesto, Carles Puigdemont, no podía serlo.
Y, hasta que el TC no se pronuncie sobre esta impugnación --en la que el Parlament se ha personado con alegaciones--, «se puede considerar suspendido» el calendario de investidura que fija el reglamento del Parlament: diez días para una primera votación y un máximo de dos meses para encontrar presidente y evitar la convocatoria automática de elecciones.
Según los letrados, esta suspensión del calendario puede mantenerse hasta que la resolución del TC acuerde «la admisión o no de la impugnación» del pleno, si bien el informe apunta que Torrent puede desbloquear la situación.
Cuenta atrás
Para que empiece a correr la cuenta atrás de dos meses, debe darse una situación «equivalente» a una primera votación del pleno de investidura que nunca ha llegado a producirse --por la suspensión del pleno-- y los letrados indican varias vías para ello.
Una vía sería que Torrent comunicara al pleno «la constatación de un bloqueo político que impide que prospere un candidato», y otra vía sería abrir una nueva ronda de contactos con los grupos para buscar otro nombre alternativo al de Carles Puigdemont.
«Si se alarga la situación de interinidad o bloqueo institucional con posterioridad a la decisión del TC», Torrent puede entonces emprender alguna de estas vías señaladas por los letrados para desactivar la situación --si quiere, también puede hacerlo antes de que se pronuncie el tribunal--.
Los letrados también consideran que, si Torrent no impulsa el acto equivalente a una votación fallida sin justificación objetiva y transcurrido un plazo razonable, «se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran este acto equivalente mediante los instrumentos correspondientes».
Así los letrados señalan tres vías para que la situación actual de parálisis de la Cámara no se eternice: que Torrent comunique que hay un bloqueo político, que busque un candidato alternativo o que sean los grupos quienes tomen la iniciativa.
Cualquiera de las tres vías que se utilice activará la cuenta atrás de dos meses para encontrar a un presidente; la ley fija que, si transcurrido este tiempo los partidos no se ponen de acuerdo, se vuelven a celebrar elecciones.
Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que los letrados han mostrado unanimidad en que la cuenta atrás no había empezado, pero han discrepado sobre si correspondía exclusivamente a Torrent activarla o no.
Deriva política
La importancia del informe radica en que JxCat, ERC y la CUP están llevando a cabo una compleja negociación sobre la investidura y, si la cuenta atrás se hubiera activado ya, habría aumentado exponencialmente la presión para que llegaran a un acuerdo.
Con el informe de los letrados, que afirman que el contador no se ha puesto en marcha, los tres partidos soberanistas ahora tienen más margen para llegar a un pacto.
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
El PI se ha convertido en un “Punt verd”, o sea un partido de reciclaje donde van a parar los politicos caducados o fuera de sevicio que buscan un sitio para seguir cobrando sin hacer nada. Yo los pondria a recoger almendras y tomates de sol a sol.