El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, asiste a la reunión con sus homólogos de la Unión Europea. | STEPHANIE LECOCQ

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El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado este viernes que modificará la resolución de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat sobre el procedimiento de inscripción de nuevos alumnos al sistema educativo para garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en que quieren escolarizar a sus hijos. No ha decidido no obstante, cómo se hará.

«Estamos estudiando cómo, pero sin duda lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad y dentro de la libertad es muy importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos», ha señalado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El titular de Educación ha descartado que la intención de la medida sea presionar a los independentistas para desbloquear la situación política en Cataluña, y ha asegurado que obedece a la necesidad de «garantizar por un lado, ese derecho fundamental» de los padres a elegir, «y por otro, el mejor funcionamiento del sistema educativo».
«No hay más que eso y garantizar algo que para nosotros es muy importante, que es la libertad de los padres», ha zanjado.

Méndez de Vigo ha señalado además, que la intención del Gobierno, que con la aplicación del 155 de la Constitución ostenta las competencias de Educación en Cataluña, no es cambiar ni el sistema educativo catalán ni su modelo lingüístico, sino garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Tribunal Constitucional (TC).
«La resolución de preinscripción tal y como estaba en los tres últimos cursos ha sido recurrida por el Gobierno y lo coherente es que de acuerdo al contenido de ese recurso vayamos a modificarla en ese sentido. Esto no significa un cambio del modelo educativo en Catalunya. Los modelos educativos están en las leyes», ha asegurado.

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En este sentido, ha incidido en que «el modelo lingüístico de Cataluña está en la legislación» y ha explicado que «las leyes del parlamento autonómico se modifican con otras leyes de parlamento autonómico, pero en la aplicación de la ley hay espacio para cumplir correctamente con las previsiones». «El Constitucional y el TSJC han dicho cuál es la línea que hay que seguir. Eso estamos haciendo, combinar la garantía del derecho con el modelo educativo que, insisto, sólo puede modificarse con un cambio de la ley», ha añadido.

Esta jurisprudencia establece desde 2010 que el castellano debe ser vehicular en los colegios: «Es una sentencia importante que entiende que se cumple este requisito impartiendo el 25 por ciento de las clases en castellano. Eso es lo que estamos pensando, lo que estamos estudiando», ha señalado al respecto.

Elección colectiva

En cuanto a la forma en que se modificará la resolución, Méndez de Vigo ha descartado entrar en «especulaciones», pues aún no ha definido si se tratará de cambiar los formularios, donde en la actualidad se marca una casilla con la preferencia de cada alumno durante la preinscripción en el centro educativo.
Sí ha avanzado que la intención es que esa selección de lengua vehicular «se haga de una forma no individualizada sino colectiva» y así lo está estudiando, igual que está aún en fase de análisis el coste y el impacto en cifra de alumnos que tendrá la nueva resolución.

«También lo estamos estudiando, pero esto no es más que cumplir con una obligación y hacerlo además, con la máxima corrección, tratando de no perjudicar en ningún momento el modelo educativo de Cataluña», ha asegurado, para incidir en que no se han decantado aún «por ningún modelo concreto». «Veremos cómo lo hacemos para garantizar el derecho y la normalidad del funcionamiento», ha añadido.
«El Gobierno tiene que aprobar una resolución, esa resolución otros años no nos satisfacía y la recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y por tanto, ahora que es responsabilidad nuestra, vamos a hacerlo en la forma que estimamos que es la correcta», ha resumido, para apuntar que «esta es una resolución que hay que adoptar y que no se adopta cuando le apetece a uno».