La decisión de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel de permanecer en Suiza y no acudir a su citación como investigada por rebelión ante el Tribunal Supremo sitúa al juez Pablo Llarena en la tesitura de decidir si ordena su detención y cuándo hacerlo.
Con Gabriel, de los veintiocho investigados en la causa por el proceso independentista ya son seis los huidos de la justicia, aunque en su caso ha optado por Suiza, a diferencia del expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín y Meritxell Serret y Clara Ponsatí y Lluis Puig, que eligieron Bélgica.
La Fiscalía va a estudiar si solicita al juez la orden de detención de la dirigente de la CUP, pero, al tratarse de una extradición (en Suiza no rige la euroorden), el juez podría activarla con independencia de que lo soliciten las acusaciones.
Llarena se ha mostrado reacio hasta el momento a activar los mecanismos internacionales para conseguir la detención y entrega de los fugados, un paso que, inicialmente, tiene previsto dar cuando dicte auto de procesamiento, previsiblemente en el mes de abril.
Al hacerse cargo del caso, Llarena desactivó las órdenes (europeas e internacionales) dictadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra los fugados y tan solo mantuvo el mandato de su arresto en el caso de que regresaran a España.
Lo hizo, entre otros motivos, para no limitar la investigación sobre los fugados, ante la posibilidad de que Bélgica los entregara por delitos menores y no por la causa de rebelión, no contemplada en su ordenamiento jurídico ni en la euroorden.
Tampoco fue partidario de ordenar la detención de Carles Puigdemont cuando este salió de Bélgica y se desplazó a Copenhague para pronunciar una conferencia. El juez rechazó hacerlo a pesar de que la Fiscalía se lo pidió.
Entonces, interpretó que Puigdemont quería provocar su detención ante la imposibilidad de ser investido sin comparecer en el Parlamento, como acababa de plantear el Tribunal Constitucional.
Y planteó que era preferible esperar a poner en funcionamiento la euroorden en un momento posterior de su investigación, cuando ésta ya haya sido completada, lo que, en principio, pretende hacer en primavera.
Si cumple esos planes, podría esperar a entonces para pedir el arresto de Anna Gabriel a las autoridades suizas. En el caso de Suiza no sería aplicable la orden de detención y entrega europea (euroorden), por lo que Llarena debería solicitar la detención a través de la Interpol e iniciar los trámites de extradición mediante el convenio suscrito entre ambos países.
La legislación suiza determina que para aceptar una petición de extradición, «por regla general», al menos una de las infracciones imputadas debe estar sancionada tanto en Suiza como en el país solicitante y dar lugar a extradición en las dos legislaciones.
Podría ser el caso de los hechos investigados, pues en Suiza se persigue el intento de cambiar la Constitución por medios violentos.
La estrategia de defensa anticipada por Anna Gabriel pasará por denunciar una persecución por motivos políticos, dado que Suiza contempla el rechazo a las peticiones de extradición si el procedimiento abierto en el extranjero «tiende a perseguir o castigar la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad».
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