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Jordi Sànchez, cuyo abogado ha anunciado que pedirá su libertad o un permiso si es candidato a president de la Generalitat, está incapacitado legalmente por el juez del Supremo Pablo Llarena para acudir al Parlament, lo que podría suponer un obstáculo para su elección.

El citado juez, que investiga el «procés» hacia la Declaración Unilateral de Independencia, determinó en un reciente auto «la incapacidad legal prolongada» de Sànchez, entre otros dirigentes soberanistas, «para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña».

Tanto Llarena como el propio Supremo -a través de la Sala que estudia los recursos contra las decisiones de este magistrado- han reconocido el derecho a la participación política de Jordi Sànchez, pero han señalado la necesidad de encontrar fórmulas para respetarlo sin dañar los objetivos de la investigación penal.

Desde ese equilibro, Llarena señaló que tal derecho debe ser ejercido por delegación del voto mientras siga en prisión preventiva, de modo que le prohibió acudir al Parlament, además de denegarle su libertad provisional. El número dos de la candidatura de Junts per Catalunya -en prisión desde el 16 de octubre de 2017- volverá a pedir su puesta en libertad si es propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat, según afirmó ayer su abogado, Jordi Pina, en declaraciones a TV3.

Si, como ha ocurrido hasta el momento, la petición de libertad es denegada, Pina ha precisado que solicitaría un permiso penitenciario para que pudiese asistir a la investidura, aunque después tuviese que volver a la cárcel y ejercer como jefe del Govern desde la prisión.

Lo cierto es que en el auto de principios del mes de febrero en el que confirmó la prisión preventiva para Sànchez Llarena no solo citó razones para mantener su criterio, sino que identificó nuevos motivos para que siga en la cárcel, si bien provisionalmente.

Entre otros, el riesgo de reiteración delictiva, puesto que Sànchez ha revalidado su compromiso con una candidatura cuyo líder, Carles Puigdemont, busca «restablecer» la dinámica política por la que se llegó a la declaración unilateral de independencia.

Llarena, en la misma resolución, subrayó la marcada determinación con la que Jordi Sànchez persiguió los objetivos secesionistas al impulsar como presidente de la ANC movilizaciones multitudinarias que favorecieron «un estallido social».

En cuanto a la posibilidad de permisos, el magistrado consideró razonable «establecer restricciones» al derecho a la representación política de Sánchez porque se dan «las condiciones de gravedad» que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo que regula la suspensión de cargos públicos procesados y en prisión preventiva (y ello a pesar de que Sánchez no ha sido aún procesado).

«Por último, existe una previsión legal habilitante para restringir el derecho de representación con actuaciones más limitadas que su suspensión», señaló también el juez, en referencia a la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esta norma «contempla que los internos podrán ejercitar los derechos políticos, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo cuando su ejercicio fuera incompatible con el objeto de su detención o con el cumplimiento de la condena».

En este caso, la medida de prisión preventiva trata de conjurar el riesgo de reiteración delictiva y de persistencia en el intento de secesión, lo que resulta «inconciliable» con el permiso que Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn (que ya no es diputado) pidieron para asistir al pleno del 30 de enero de 2018.

Así, el juez ponderó diversos «intereses en conflicto» y determinó la incapacidad legal prolongada, la cual, de acuerdo al reglamento de la cámara catalana, condujo a que la Mesa arbitrara un procedimiento para que Sànchez (y otros) pudieran delegar sus votos en otros diputados mientras permanezcan en prisión preventiva. Por otro lado, y aunque esta situación es insólita en unas elecciones catalanas, la circunstancia de candidatos entre rejas no es inédita.

En los comicios vascos de 1986 Juan Carlos Yoldi, que se encontraba en prisión preventiva por su presunta pertenencia ETA, fue elegido en la lista de Herri Batasuna (HB) por la provincia de Guipúzcoa y la coalición abertzale le presentó como candidato a lehendakari ante el Parlamento Vasco.

El juez permitió a Yoldi su salida de prisión para intervenir como candidato, con escaso éxito por cierto, puesto que resultó elegido José Antonio Ardanza. Después volvió a prisión, donde permaneció a partir de entonces.

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