Se trata de vecinos de poblaciones como Valencia de Alcántara, Cedillo, Membrío y Herrera de Alcántara y de la comarca Sierra de San Pedro, cuyos restos, 82 años después de que fueran ejecutados, serán identificados y entregados a sus familiares, «para que puedan proporcionarles digna sepultura y restituir así su historia y su memoria», según la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero.
La Diputación de Cáceres ha destinado 40.000 euros para financiar los gastos de las excavaciones, exhumación y reinhumación de los restos, que «muestran claras evidencias de muerte violenta, como son orificios e impactos de bala», ha precisado la directora de la operación, Laura Muñoz.
«La voz de los familiares de las víctimas, ya de avanzada edad, que reclamaban la recuperación de sus seres queridos ha tenido respuesta (...)», ha señalado Cordero en la presentación hoy del proyecto de excavación y exhumación.
Según la directora de la exhumación, el mayor problema en la mina ha sido el agua, ya que este proyecto es el primero que se ha realizado en un pozo con agua.
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Una verguenza que no haya colaboracion del estado y acabar para siempre con esta herencia del franquismo