ectura de un manifiesto de la plataforma En peu de pau, con la presencia de Torrent. | Andreu Dalmau

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El presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó este jueves el pleno de este viernes ante la nueva negativa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de excarcelar a Jordi Sànchez, en prisión preventiva, para su investidura como presidente de la Generalitat, por lo que prevé querellarse contra el juez. Llarena se opuso a excarcelar al numero dos de JxCat, en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid), porque considera que existe riesgo de reiteración delictiva y que, como presidente de la Generalitat, podría quebrantar la Constitución española.

Esta circunstancia llevó a Torrent a cancelar por segunda vez un pleno de investidura de Jordi Sànchez, pues el exlíder de la ANC repetía de candidato a la presidencia de la Generalitat después de que Llarena ya le hubiera denegado su salida de prisión en una primera ocasión.

El nuevo argumento que aportaron tanto la defensa de Sànchez como Torrent ante Llarena fue la admisión a trámite de la demanda del exlíder de la ANC por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo que no sirvió para variar la posición del juez instructor.

No obstante, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo formado por 18 miembros, aún no se pronunciado sobre el fondo de la cuestión, si bien dos de estos miembros pidieron a España que se adoptaran «las medidas necesarias» para garantizar «que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto» Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).

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Para Llarena, «ese llamamiento a que las actuaciones estatales contemplen la relevancia del derecho mientras se esclarece la queja no supone que el Comité (de Derechos Humanos) haga una indicación concreta, la cual, en todo caso, nunca puede ser vinculante para el tribunal».

Pero para Torrent la decisión del Supremo es una «vulneración de derechos», a la que quiere dar respuesta a través de una querella contra Llarena por prevaricación, propuesta que planteará hoy en una reunión extraordinaria de la Mesa.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, valoró sobre la decisión de Llarena que hay que respetarla y acatarla porque, según explicó, se ha llevado a cabo «con todas las garantías».

Desde la prisión de Soto del Real (Madrid), Sànchez, a través de Twitter, se preguntó de forma irónica si los catalanes «delinquieron» el 21-D al ir a votar.