El PSOE quiere que la eutanasia sea una prestación del Sistema Nacional de Salud

La iniciativa socialista considera que esta «prestación de ayuda para morir» debe ser de financiación pública, incluso cuando se practique en el domicilio particular de la persona solicitante.

En rueda de prensa, el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, y su secretaria de Sanidad, Luisa Carcedo, han dado detalles de esta propuesta, que debe ser «un nuevo derecho efectivo e individual», y han hecho un llamamiento a los partidos para que apoye que separa la eutanasia y la muerte digna, dos cuestiones «bien diferentes».

«La muerte digna sirve para que aquellos que van a morir darles dignidad, pero hay gente que quiere que le llegue antes, porque sin saber exactamente cuándo se va a morir sabe que va a ser terrible por el diagnóstico de la enfermedad que padecen», ha explicado Perelló.

Esta iniciativa, según el socialista, de formación jurídica, «no obliga a nadie, ni mata a nadie, sino que da derechos para aquellos que quieren morir y cobertura legal».

Contempla que la prestación de ayuda para morir se pueda hacer administrando directamente una determinada sustancia o prescribiéndola para que el paciente se la pueda autoadministrar.

La proposición prevé que los profesionales sanitarios implicados tengan el derecho de ejercer la objeción de conciencia, y la existencia de una Comisión de Control y Evaluación que ha de controlar el respeto a la ley.

El rechazo o la negativa a realizar la prestación por razones de conciencia será una decisión siempre «individual del personal sanitario» y deberá manifestarse anticipadamente y por escrito.

La propuesta incluye la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la «ayuda a morir».

Perelló ha admitido que este tema «tan delicado» - «la muerte como parte de la vida- afecta a valores y principios constitucionales, pero ha argumentado que goza de respaldo y un «consenso social tan elevado», que debe responderse con un «consenso político» y con la «respuesta afirmativa desde el ámbito profesional.

Ocho de cada diez ciudadanos, según los socialistas, quieren tener derecho a una muerte digna.

«El texto puede ser discutible y mejorable», ha señalado Perelló, quien ha asegurado que para la elaboración del texto se ha comparado con otras legislaciones europeas y ha sido consultado con organizaciones profesionales del ámbito sanitario y del derecho a morir dignamente.

Para el PSOE, la iniciativa presentada por Ciudadanos sobre muerte digna es muy diferente a la suya porque sólo se refiere a la fase del tratamiento sanitario en el final de la vida, y la de Podemos, que fue rechazada en el Congreso con la abstención del PSOE, «ponía en el mismo paquete» muerte digna y eutanasia.

La propuesta regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos y descarta que ésta pueda realizarse bajo «presión externa de cualquier índole».

Derecho a la eutanasia deberían tener las personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave e incurable, y también aquellas «que deciden no vivir más» en casos de discapacidad grave crónica y que padezcan un «sufrimiento insoportable».

Los solicitantes deben tener nacionalidad española o residencia legal en España y disponer de la información que exista sobre su proceso las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos.

Deberá haber formulado la solicitud de manera voluntaria por escrito y firmarla en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará, tras lo que se abre un plazo de quince días.

Posteriormente habrá otro periodo de diecisiete días para que la petición sea analizada por otro médico. Finalmente se pondrá en conocimiento de la Comisión de Evaluación y Control.

«Todo el proceso no puede durar menos de 32 días», ha aclarado Carcedo, de formación sanitaria, quien ha explicado que la solicitud podrá ser revocada en cualquier momento.