La sentencia de la primera etapa de la trama Gürtel -en la que se condena al PP como responsable a título lucrativo- relata el destino de los fondos que obtenía el grupo de Francisco Correa, que tejió con el PP «una estructura de colaboración estable», pero, en paralelo, un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional».
Funcionaban a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del partido que han sido juzgados en la causa.
Según el tribunal, parte de los fondos detraídos al erario público por la red de corrupción, «sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada 'Caja B' del partido», una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989.
En ella, añaden los jueces, las partidas «se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas».
Se hacían constar en esa contabilidad paralela «ingresos y gastos del partido» o en otros casos «cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido».
Pero los magistrados exponen que estos últimos aspectos se incluyen en la sentencia «únicamente» para «precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento», pues la caja B se juzgará en un procedimiento distinto.
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