La Audiencia Nacional sostiene que la red Gürtel tejió «una estructura de colaboración estable con el PP» para la prestación de servicios y, «en paralelo», creó «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».
Al establecerse en el partido a principios de los '90, la red liderada por Francisco Correa comenzó a intensificar su actividad en 1996 y a entablar relación con «influyentes militantes», entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de cárcel como «pieza fundamental» de la trama de corrupción, o Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y que también fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Secretario Nacional del Área Electoral.
Esos cargos del partido, según relata la sentencia de la primera época de Gürtel (1999-2005), «tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (Comunidades Autónomas y Municipios gobernados por el PP)».
De hecho, el PP ha sido condenado por lucrarse de los beneficios que obtuvo la trama a través de sus entonces alcaldes en Pozuelo y Majadahonda por actos electorales, pese a la estrategia de defensa del partido, cuyo abogado, Jesús Santos, alegó en el juicio que la formación no tuvo conocimiento de que se estuviera beneficiando de un enriquecimiento ilícito y que, en todo caso, se trataría de «actos a escondidas y al margen» del partido.
Sin embargo, para la Audiencia «el conocimiento por parte del PP y el aprovechamiento de las cantidades como ayuda al partido quedan absolutamente claras» y recuerda que así lo manifestó en el juicio Bárcenas, al hablar de contabilidad «extracontable», o el presidente del Senado y del PP de Madrid Pío García Escudero, que cuando testificó dijo que la tesorería regional que llevaba los asuntos económicos electorales de los municipios debía dar cuenta a Génova.
Por ello, la Sala sostiene que los responsables del PP «sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo; negarlo es ir no solo contra las evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica».
Así, a través de ese «sistema de corrupción institucional», Correa, sobre el que ha recaído la máxima condena -51 años de cárcel-, logró obtener adjudicaciones públicas para sus empresas o las de un tercero, pero siempre «elegidas por él».
De este modo, las empresas de Gürtel gozaron de «un arbitrario trato de favor» y «un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad vigente sobre contratación pública».
En concreto, la Audiencia Nacional estima que en la primera época de Gürtel (1999-2005), Correa percibió por contratos públicos cerca de 8.400.000 euros.
Según la sentencia, con «el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público, o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos» implicados.
Los beneficios se cobraban en dinero en metálico o mediante otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de la trama, como eventos, viajes, fiestas o celebraciones, de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares como es el caso de la exministra Ana Mato, condenada por lucrase de los obsequios a su entonces marido Jesús Sepúlveda.
Otras cantidades sirvieron también «para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989».
La relación de Correa con el PP, continúa la sentencia, «cesó respecto de la organización central o estatal del partido en el año 2004, pero trasladó su actividad a otras Comunidades Autónomas que seguían gobernadas por el mismo Partido Popular», fundamentalmente la Comunidad Valenciana hasta que en 2009 se produjo la operación policial que desmanteló la trama.
1 comentario
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Pues sigan votando PP ,no vayan a venir los radicales y se les ocurra descongelar las pensiones,mejorar la sanidad y educación pública y hacer que los chorizos cumplan su condena.