La jueza María Núñez, que investiga las ayudas de la Junta a cursos de formación a empresas del exconsejero Ángel Ojeda, ha imputado a nueve excargos del Gobierno, entre ellos el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y la exdirectora de Formación para el Empleo Teresa Florido, cuñada de Ojeda.
En una providencia del 25 de julio, a la que ha tenido acceso Efe, Núñez atiende así la petición de la Fiscalía realizada tras el atestado de la UDEF relativo a la documentación incautada en la sede del grupo Prescal de Ojeda, en el que la Policía concluyó que éste tejió «una red de contactos dentro de la Junta» mediante «regalos a funcionarios» y empleos para familiares y allegados de cargos públicos que le permitía lograr información anticipada sobre adjudicaciones para captar subvenciones de cursos de formación.
La Fiscalía, en su escrito del 18 de julio, ve tras este atestado indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude y exacciones ilegales por los que pide citar como investigados a nueve excargos de la Junta.
Siguiendo esta petición, la jueza la jueza cita el 21 de marzo de 2019 a Florido -que estuvo investigada en la pieza política de los cursos, archivada en 2016-, Mañas, Pedro Legerem (ex jefe de servicio de Programas para el Empleo) y José Manuel Fuentes Doblado (ex director general de Formación Profesional Ocupacional).
Igualmente, cita como investigados el 11 de abril a Alonso Solís Franco (jefe de servicio en la Dirección general de Formación); Noelia Ruiz (técnico de formación en el SAE); Raúl Perales Acedo (exdirector del Instituto Andaluz de la Juventud); Jorge Carbajal (que fue miembro del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales); y Antonio Juan Ortega (director de comunicación de Prescal).
En su atestado, la UDEF sitúa a Ojeda -que fue consejero de Hacienda entre 1987 y 1990- como la «cúspide» de una «organización criminal» conformada «por todo el entramado empresarial por él ideado con la única finalidad de obtener el mayor número de subvenciones de la Junta posible e enriquecerse, mediante métodos irregulares e ilícitos».
Un entramado en el que colocó a «personas de su confianza (familiares, socios, colaboradores y miembros de la Organización) para intentar desvincular estos de su persona y la supuesta relación entre ellas mismas» y entre las que destaca la empresa Serpro, con la que «estaría desviando los fondos públicos asignados a los gastos de los docentes», de manera que «más del 50 %» del dinero que debía destinarse a su sueldo volvía a las arcas del grupo.
Todo ello mediante un «sistema de contrafacturación» por servicios falsos «tan eficiente y con tan buenos resultados para la organización en la comisión de los fraudes» que Ojeda se planteó crear una segunda empresa similar, Serpro 2, con sede en Cádiz, según un correo que consta en la documentación.
Las empresas de Ojeda captaron 52,7 millones de euros en subvenciones de la Junta para cursos de formación, entre ellos para la recolocación de extrabajadores de Delphi.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.