Diversas ONG han arremetido este viernes contra la decisión del Gobierno de devolver el jueves a Marruecos los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta porque sospechan de que la celeridad con que se hizo, en apenas 24 horas, impidió que se cumplieran las garantías y derechos de estas personas.
Es el caso de Save the Children, que en un comunicado ha mostrado «sus dudas» de que se hayan podido identificar a menores de edad en un plazo de tiempo tan breve y con un número tan elevado de personas implicadas.
«Lo sucedido este jueves no responde a una política centrada en los derechos humanos y la defensa de la infancia», ha advertido el director general, Andrés Conde, a quien le «cuesta creer» que se haya garantizado el derecho de las personas migrantes a ser escuchados «en un proceso hecho con tal celeridad».
España devolvió el jueves este grupo a Marruecos en virtud de un acuerdo suscrito entre ambos países en 1992, según el cual el Gobierno alauita debe readmitir a los migrantes en situación irregular si se demuestra que han accedido a territorio español a través de su frontera.
Marruecos aceptó readmitirlos y la Policía Nacional realizó todos los trámites habituales para expulsarlos mediante un procedimiento que se ha llevado a cabo de forma individual, inmigrante por inmigrante, con asistencia letrada y sanitaria, según informaron fuentes de Interior.
Pero organizaciones como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también desconfía de que se respetaran las garantías básicas de los inmigrantes y por ello ha denunciado ante el Defensor del Pueblo su «deportación exprés».
«El acuerdo de 1992 no permite que se impida el cumplimiento de la legislación española y nos preocupa que lo que no hizo ningún gobierno anterior se haya adoptado ahora», ha resaltado.
También el director y fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha reprobado la actuación del Ejecutivo: «Lo más grave de hacer las devoluciones 'en caliente' es que si son capaces de hacer esto con el foco mediático, imagina lo que hacen en medio del mar, que todavía es peor», ha remarcado.
Otro medio centenar de organizaciones, como Cáritas, Red Acoge, Red Española de Inmigración o el Servicio Jesuita a Migrantes, han suscrito un manifiesto en el que censuran estas «devoluciones en caliente en diferido» con las que el Gobierno ha desvelado cuál es su verdadera política migratoria.
UGT se ha sumado a la «preocupación y dudas» vertidas por las organizaciones humanitarias por la «celeridad en la sustanciación de los trámites» que ha tachado de «inusual» y que por ello considera que debe explicar Interior.
Por último, CC.OO. ha urgido la eliminación «inmediata» de las «devoluciones ilegales» en Ceuta y Melilla y también de las concertinas. «Es urgente el diseño de un plan de choque nacional y europeo de consenso con las fuerzas políticas y sociales, en un proceso abierto de diálogo social que consensúe todas las acciones de acogimiento y recepción de las personas migrantes», ha concluido.
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