TW
0

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que los acuerdos alcanzados con la Generalitat de Cataluña por los que el Estado abonará 1.459 millones a la comunidad autónoma en cuatro años son «de obligado cumplimiento», por una sentencia del Tribunal Supremo y un acuerdo del Gobierno anterior del PP con el Govern, y ha asegurado que este pacto no compromete el apoyo a los Presupuestos de 2019 de los partidos que sostienen al Ejecutivo catalán.

Montoro ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la comisión mixta para asuntos económicos entre el Estado y Cataluña, en la que ella no ha participado porque la representación del gobierno corresponde a tres secretarios de Estado: de Presupuestos, de Hacienda y de Política Territorial.

Tras el encuentro, ha explicado que el Gobierno cumplirá con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a abonar los 759 millones correspondientes a inversiones por la disposición adicional tercera del Estatuto, sólo por el año 2008. La Generalitat recurrió que aquel dinero no se había abonado y la sentencia le dio la razón ya en noviembre de 2017, con el PP en el Ejecutivo.

El acuerdo alcanzado hoy supone el abono de 200 millones en los Presupuestos de 2019, pendientes de elaboración y aprobación, y los otros 559 en los tres ejercicios siguientes.

CUMPLE CON UNA SENTENCIA DEL EQUIPO ANTERIOR

Montero ha querido subrayar que el Gobierno cumple con una sentencia que hereda del equipo anterior, que la había guardado en un cajón. Por esto mismo, «no está vinculado a nada», ha insistido, no asegura el voto de los nacionalistas a favor de las cuentas del Estado.

Algo parecido ha explicado sobre el acuerdo relativo a los Mossos. Montero ha explicado que ya el Gobierno anterior acordó un número de efectivos para este cuerpo policial con la Generalitat en julio de 2017, por lo que el pago de 700 millones responde entre otras cosas a este acuerdo. Hacienda incluirá en los Presupuestos de 2019 un primer abono de 150 millones.

Un tercer acuerdo alcanzado hoy es el de la refinanciación de la deuda catalana que vence este año, que pasará del corto al largo plazo por autorización de un próximo Consejo de Ministros. La responsable de Hacienda ha subrayado que son varias las comunidades que van a dar este paso para afrontar de manera «más cómoda» las amortizaciones y no sólo Cataluña.

EL ACUERDO NO TIENE QUE VER CON LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

La ministra ha dejado claro que este asunto no tiene que ver con la reestructuración de la deuda de la comunidad, cuestión que afecta a otras autonomías y que se deberá tratar en un foro multilateral. «No vamos a discutir en esta comisión mixta ningún tema común al resto de comunidades», ha recalcado.

Por otro lado, las dos partes han acordado avanzar en que el Estado autorice a Cataluña a conceder avales a entidades autonómicas que conceden para préstamos a estudiantes universitarios.

María Jesús Montero ha destacado la normalidad del encuentro y ha defendido que las comunidades autónomas puedan mejorar sus recursos mientras no se reforme el sistema de financiación y si se aprueban los Presupuestos para 2019.

En el caso de Cataluña, le corresponderían 1.800 millones de euros adicionales, según Hacienda: 989 millones del sistema de financiación, 339 millones por compensación del IVA y 490 millones si se aprueban finalmente dos décimas más de déficit para las CCAA.