La decisión, que ha sido acordada por unanimidad, implica que el Alto Tribunal va a analizar si como dice la formación liderada por Inés Arrimadas, se han podido vulnerar sus derechos fundamentales por la actuación de la «vía de hecho» de la presidenta del Parlament, procesada por posibles delitos de rebelión y malversación y se encuentra en prisión provisional desde el pasado 23 de marzo,
Asimismo, estudiará si en este caso, se ha producido una lesión de las facultades parlamentarias de control e impulso del gobierno por parte de los diputados autonómicos, al no convocarse las sesiones ordinarias que ya previstas en calendario los días 20 y 21 de septiembre, 4 y 5 de octubre, y 18 y 19 de octubre.
El Tribunal admite a trámite el recurso al apreciar que concurre «una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto» ya que «pudiera tener unas consecuencias políticas generales».
La Providencia requiere al Parlamento de Cataluña para que en un plazo que no exceda de 10 días remita certificación o fotocopia compulsada de las actuaciones correspondientes al Acuerdo de la Mesa del día 19 de septiembre de 2017, mediante el que se decidió modificar el Acuerdo previamente adoptado el día 18 de septiembre y suspender las sesiones de los plenos que se habían previsto.
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