El PP lleva al pleno una ley para cesar a los políticos que permitan las esteladas

Según el PP, no se trata de perseguir a los ciudadanos que coloquen este tipo de símbolos, sino de garantizar que las autoridades tampoco lo hacen y que además lo impiden.

Para ello, el PP ha decidido asumir en esta norma el régimen sancionador ya recogido en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que prevé desde la amonestación al alto cargo en caso de infracción leve hasta su cese para la muy grave -por incumplimiento doloso o culposo- que lleva aparejada la imposibilidad de volver a un puesto similar entre 5 y 10 años.

También podrán ser sancionados los empleados públicos que tengan conocimiento de la exhibición de estos símbolos y no lo comuniquen a las autoridades porque, según recuerda el grupo popular, el Estatuto Básico del Empleado público les obliga a actuar siempre bajo el principio de la neutralidad institucional.

Junto al respeto a esta neutralidad, la proposición de ley de «defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales» trata de dar máxima protección a la figura del Rey, la bandera nacional y las autonómicas, el escudo, el himno, y también los símbolos autonómicos, locales y de la Unión Europea.

El PP quiere evitar que haya enfrentamientos entre ciudadanos como los ocurridos en Cataluña entre quienes ponen y quitan lazos amarillos independentistas de manera que «sean las autoridades y no los ciudadanos los que repongan la legalidad».

Recuerdan los 'populares' el criterio del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para quien la libertad de expresión tiene su límite en la neutralidad de las instituciones, de manera que el espacio público, como plazas y calles, sea un espacio para la convivencia, así como sentencias del Tribunal Supremo que subrayan la necesidad de preservar esta neutralidad institucional.

Sobre los efectos que podría tener esta norma en casos concretos, el PP señala al presidente catalán, Quim Torra, quien, por ejemplo, no podría acudir al Palacio de la Moncloa con un lazo amarillo en la solapa, o el de un cirujano de un hospital público que no podría operar con ese mismo símbolo en la solapa de su bata.

«No es un lazo amarillo, es un símbolo de exclusión, de ataque al Estado de derecho», subrayó el pasado mes de septiembre el secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, en la presentación de la iniciativa.

El eje sustancial de esta norma se concentra en su artículo 4, que establece que las autoridades públicas «se abstendrán de realizar y corregirán en el acto cualquier tratamiento ilegal o que suponga un demérito, ofensa, injuria, vilipendio o desprestigio a los símbolos nacionales y oficiales, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada».
Y aclara que se entenderá por tratamiento ilegal «la colocación o la reproducción gráfica de símbolos, lemas o enseñas de naturaleza partidista y que vulneren la neutralidad institucional en los espacios públicos».

El PP deja claro que todas estas medidas se refieren a espacios públicos, de manera que quedan fuera de su alcance los de carácter privado, como pueden ser las casas particulares o los balcones donde los independentistas cuelgan lazos amarillos.