La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se reunirá a puerta cerrada a partir de las diez de la mañana para deliberar sobre la medida cautelar que solicitaron los nietos de Francisco Franco.
No entrarán a valorar el recurso presentado por la familia del dictador contra su exhumación, sino que estudiarán si procede o no paralizar de forma cautelar los trámites acordados el pasado 8 de noviembre por el Consejo de Ministros para seguir con el procedimiento.
Al tratarse de una medida cautelar, es previsible que la Sala decida este mismo lunes sobre la misma. Una vez tomada la decisión, los jueces deberán entrar a estudiar el recurso de la familia, un proceso que puede durar meses.
El acuerdo al que afecta la petición de los nietos de Franco supone un paso adelante en el procedimiento abierto para la exhumación de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos.
Fue adoptado en cumplimiento de la ley de 2007, que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
Entre los trámites que aprobó el Ejecutivo figura la orden a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se encuentra el Valle de los Caídos, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación.
El Gobierno estableció que los servicios técnicos de Patrimonio Nacional, en su calidad de patrono de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, deben redactar el proyecto para su tramitación con arreglo a lo previsto en la ley del suelo y rehabilitación urbana.
Y acordó que Justicia solicitase a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, como órgano de la Comunidad de Madrid competente en materia de sanidad mortuoria, un informe no vinculante sobre el proyecto de exhumación para ser emitido en un plazo máximo de un mes.
Tras conocer que el recurso de la familia Franco se está tramitando en el Supremo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que los planes del Ejecutivo no se verán afectados y que la exhumación de Franco será una realidad en 2019.
El mismo día que aprobó el citado acuerdo, el Gobierno aseguró que no permitirá que «un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento», como la cripta de la catedral de la Almudena (como es voluntad de los nietos de Franco) y que empleará «los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo.
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