Fuentes de la Fiscalía han confirmado la presentación de la demanda, avanzada por El País, y que se dirige también contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de exconsellers.
La demanda afecta a todos los consellers del equipo de Puigdemont e incluso a la que por entonces era interventora de la Generalitat, y eleva el desvío de dinero público a una cantidad muy superior a las manejadas en la causa que se investiga en el Supremo.
La Guardia Civil cifró la posible malversación en 3,2 millones de euros y la Fiscalía, en su escrito de acusación ante el Supremo, en 3,07 millones.
La demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por la Fiscalía responde a la investigación abierta por la denuncia presentada en noviembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda por el empleo de dinero público para el 1-O.
En concreto, Hacienda pedía que la Fiscalía hiciera las «actuaciones oportunas» encaminadas a determinar las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del referéndum ilegal y a concretar cuánto dinero costó.
Es decir, el Tribunal de Cuentas abrirá ahora un proceso para determinar la posible responsabilidad contable de los miembros del Govern que participaron en el 1-O, un procedimiento independiente al que se sigue en el Supremo por la responsabilidad penal.
En el caso del 9N, el Tribunal de Cuentas condenó al expresident Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat en la consulta soberanista de 2014.
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