Casaus, que como inspector del Banco de España ha supervisado Caja Madrid desde 2009 y posteriormente el grupo BFA-Bankia, fruto de la fusión de la caja madrileña con otras siete cajas, ha declarado como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia a petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
Durante la instrucción del caso se conocieron una serie de correos electrónicos remitidos por el inspector a sus superiores en los que ponía en duda la viabilidad del Grupo, criticaba la decisión de sacar el banco a Bolsa e incluso el propio diseño de doble banco (BFA-Bankia).
Sin embargo, este martes ha suavizado en parte su anterior postura y aunque no ha renegado de su diagnóstico de que «en 2011 el grupo BFA-Bankia era inviable, y sin ayudas se hubiera asfixiado por falta de liquidez», ha admitido que se «extralimitó» con su trabajo, que «debe ser analizar y nunca prescribir, que es cosa de la comisión ejecutiva, pero fue para evitar el desastre».
También ha admitido que «planteamos soluciones teóricas que no se si son viables o no, pero tengo claro que mis jefes intentaron que los quebrantos para los contribuyentes y depositantes fueran los menos posibles, no tengo ninguna duda».
Fue un «error», ha dicho ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, incluir en un informe fechado en marzo de 2011 que los saneamientos realizados eran «suficientes» para afrontar el deterioro de activos inmobiliarios y crediticios.
De ello fue informado el entonces número dos de supervisión del Banco de España, Pedro Comín, al que le explicaron que «faltaban 7.000 u 8.000 millones» de saneamientos.
Según el relato de Casaus, Pedro Comín les dijo «oye mira, no más inventos, o lo metéis o no lo metéis», y a sugerencia de éste optaron por añadir el párrafo que daba por buenos los saneamientos, algo que ahora ve como un error que contradice todo lo que dijo antes, «un error de coraje», que en último término admitieron porque la entidad había empezado a hacer refinanciaciones.
Sí que ha mantenido su criterio respecto a otras cuestiones, como los más de 16.000 millones de euros que necesitaba Caja Madrid frente a los apenas 7.000 que estimó AFI en 2010 o los 11.500 de PwC, antes de la integración de las cajas.
Ante esto, los gestores «hicieron lo que podían hacer antes de los requerimientos de capital, jugando al gato y al ratón», ya que «si hacías demasiados saneamientos los pies de la solvencia se te quedaban fríos».
Lo cierto es que «apenas cinco meses después de la integración» se dan cuenta de que el grupo «no es viable, y empiezan a pergeñar nuevas ayudas».
Muy crítico con el equipo directivo, ha destacado que habían llevado a la entidad a recibir ayudas públicas y aún así repartían bonus a directivos y empleados, en lo que ve claros «indicios de delito».
En su análisis, él y el resto de inspectores observaron cosas que no les gustaron «nada"; cuando las cosas van mal «hay que recortar plantillas y sueldos, y lo que veías era una alegría, la gente se iba a su casa cobrando más que cuando trabajaba».
Esos bonus, ha relatado, estaban ligados a objetivos de crecimiento, que estaban «muy lejos de conseguirse"; en concreto, en un momento dado hubo un bonus de 150 millones de euros que los gestores justificaron diciendo que iban a sumar el negocio de las otras cajas, algo «que no podía ser».
Respecto a si la entidad contabilizó pérdidas contra reservas, algo que en principio no estaba permitido, ha dicho que no entraron a ver ese punto, ya que lo que les interesaba era que los fondos de insolvencia se constituyeran para valorar la viabilidad del grupo; ese tipo de temas «se llevaban a nivel de departamento».
El testimonio de Casaus no ha estado exento de algún roce con la presidenta de la Sala, Ángela Murillo, que ante los titubeos del inspector le ha reconvenido que «imagina, pero no se acuerda», y le ha recordado que «como testigo tiene que responder de hechos, no de hipótesis o suposiciones».
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