Fungairiño investigó numerosas causas sobre el terrorismo de ETA, como los casos de Henri Parot, José Javier Arizcuren Ruíz, «Kantauri», Francisco Múgica Garmendia, «Pakito"; Santiago Arróspide, «Santi Potros», Ignacio Etxebarria, «Mortadelo», o contra Idoia Lopez Riaño, alias «Tigresa».
Por esta lucha contra el terrorismo, en 1990 fue objeto de un atentado con paquete bomba enviado por ETA. La policía lo desactivó antes de que le estallara en las manos.
La Fiscalía General ha lamentado su pérdida y ha trasladado su pésame a familia, amigos y compañeros.
Licenciado en Derecho, en noviembre de 1972 ingresó en la Escuela Judicial y en 1980 fue nombrado fiscal en la Audiencia Nacional, donde ocho años después tomó posesión del cargo de teniente fiscal.
Fungairiño también se ocupó de casos de narcotráfico y delitos económicos, así como peticiones de extradición y de colaboración judicial o comisiones rogatorias en el extranjero.
También ejerció como fiscal en el macro juicio por el envenenamiento masivo con aceite de colza desnaturalizado, en el que intervino durante los nueve años que duró su instrucción.
En 1994 mantuvo un enfrentamiento con el entonces fiscal general del Estado, Carlos Granados, tras solidarizarse con el fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, cuando este se mostró reticente a la puesta en libertad del general Rodríguez Galindo.
En diciembre de 1996 fue expedientado junto a los fiscales Pedro Rubira, Ignacio Gordillo y María Dolores de Prado, del grupo conocido como los «fiscales rebeldes e indomables», cuando a raíz de una inspección en la Audiencia, la Fiscalía General advirtió «insubordinación» de los fiscales hacia su jefe, José Aranda, que fue destituido por su «falta de autoridad».
La irregularidad de Fungairiño consistió en ocultar un informe pericial relacionado con el atentado de ETA contra el presidente José María Aznar, y por ello fue sancionado con una multa de 50.000 pesetas, que finalmente archivó la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.
A propuesta del entonces nuevo fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, fue nombrado en 1997 fiscal jefe de la Audiencia Nacional, un proceso de nombramiento que suscitó críticas de las asociaciones de fiscales.
El 5 de junio de 1997 tomó posesión del cargo en un acto breve, boicoteado por los fiscales del Tribunal Supremo, a excepción de dos, y en el que el propio Jesús Cardenal actuó de padrino, al no haber ni un fiscal de Sala dispuesto a significarse ofreciéndole su padrinazgo.
La Asociación de Fiscales (AF) recurrió el nombramiento, pero en abril de 1998 el Tribunal Supremo lo avaló.
En diciembre de 1997, provocó una tormenta en el seno de la Junta de Fiscales de Sala al aportar un informe que defendía la no competencia de la jurisdicción española en los crímenes cometidos por las dictaduras argentina y chilena, informe en el que algunos miembros de la fiscalía vieron una «justificación» de los golpes de Estado en ambos países.
Fungairiño confesó el 15 de julio de 2004 en su comparecencia ante la comisión de investigación del 11M que no supo hasta ese mismo día de la existencia de la furgoneta de Alcalá de Henares (Madrid) que supuestamente emplearon los terroristas.
Además, añadió que hasta la tarde del 13 de marzo creyó en la autoría de ETA y aseguró no haber descartado su posible implicación. Cuatro días después, pidió «disculpas» por la forma en que tuvo lugar su comparecencia.
Dos años más tarde presentó su renuncia al cargo ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por «razones estrictamente personales», meses después de haberse mostrado en contra de que se celebrara el congreso que Batasuna realizó entonces en Barakaldo.
2 comentarios
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Por supuesto que se estudiaría, como ejemplo de maltratador de leyes y destroza doctrina.
En otro país se estudiaría su trabajo en las facultades de derecho y tendría una calle en Madrid. Gracias por su trabajo.