Fuentes jurídicas han informado de que la sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha fijado ese día para la votación y fallo del recurso interpuesto por la familia Franco y tres asociaciones contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo que fijaba para el 10 de junio la exhumación.
La reunión se celebrará a las 10.00 horas a puerta cerrada, una decisión que llegará un día después del límite para formar gobierno.
Así las cosas, la sala -cuyo ponente será el magistrado Pablo Lucas- deberá resolver definitivamente si permite la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación, bien en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, como quiere el Gobierno, o bien en la cripta de la Almudena, lugar elegido por la familia.
El Supremo acordó por unanimidad el pasado 4 de junio suspender cautelarmente los planes del Gobierno de exhumar en junio a Franco de la basílica del Valle de los Caídos hasta dictar sentencia.
Paralizó de este modo los planes del Gobierno para evitar una situación «extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes sino también para el interés público": que una vez exhumados los restos de Francisco Franco e inhumados en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio la sentencia determinara que el dictador debe permanecer en el Valle de los Caídos.
De esta forma atendió la petición de los nietos del dictador, la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, todo ellos personados en este procedimiento.
El Ejecutivo confía que el Alto Tribunal finalmente le dará la razón y acabará permitiendo el traslado de los restos del dictador.
Su voluntad era proceder a la exhumación del dictador de la basílica de Cuelgamuros y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, una localización que el Gobierno determinó ante el silencio de los familiares a la hora de designar un lugar alternativo a la cripta de la Catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid, que era el sitio propuesto por la familia.
Este punto, como muchos otros en este tema, fue objeto de discordia entre el Gobierno y la familia del dictador, que tildó de «absoluta y rotundamente falso» que rechazasen designar ese lugar alternativo, ya que pidieron la suspensión cautelar de la medida.
En su recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros, los nietos de Franco incidían en las «vulneraciones de la legalidad ordinaria» que ha cometido el Gobierno y hacían hincapié en que ellos no son titulares de la cripta del cementerio de El Pardo-Mingorrubio, sino que es propiedad de Patrimonio Nacional.
Los recurrentes siempre han criticado las «prisas» del Gobierno para llevar a cabo la exhumación mediante un real decreto ley cuando, a su juicio, éste no es un «caso de extraordinaria y urgente necesidad».
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