Así lo ha dicho el abogado Luis Felipe Utrera Molina en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer el fallo que este martes ha adelantado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Una decisión que, según ha manifestado, ha provocado en sus clientes una sensación de «profunda decepción».
«Nunca pensamos que el Tribunal Supremo pudiese pasar por alto clarísimos vicios de inconstitucionalidad como afecta al Real decreto ley y que, por otro lado, validase una actuación arbitraria y contraria a derecho», ha explicado.
Por ello, ha adelantado que una vez se conozca la resolución, que ha sido adoptada por unanimidad de los seis magistrados que componen la Sala, y conozca los «matices» de los argumentos jurídicos que pueden ser «relevantes», presentará un recurso de amparo ante el tribunal de garantías.
«Vamos a llevar esta batalla hasta el final con todas las armas que nos concede la ley invocando el amparo al Constitucional porque entendemos que se ha producido una violación de derechos fundamentales que no admiten excepciones por razón del apellido», ha dicho Utrera Molina. Asimismo, ha destacado que esta sentencia «no es contra Francisco Franco», sino contra una familia que «va a ser la primera del planeta Tierra que no pueda decidir donde entierra los restos de su abuelo».
Por otro lado, la defensa de los nietos de Franco ha afirmado que no cree que los restos del dictador sean trasladados de Cuelgamuros al cementerio de El Pardo-Mingorrubio en un plazo corto de tiempo. Por su parte, ha asegurado que en el recurso incluirá la petición de que se adopte la medida cautelar de suspender la ejecución de la sentencia hasta que los magistrados del TC valoren el fondo del asunto.
Además, el abogado ha apuntado que el Gobierno cuenta con otros dos «escollos» para llevar a cabo la exhumación, ya que aún está vigente la suspensión del juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, de la licencia de obra para el levantamiento de la losa que cubre la sepultura de Franco.
También ha recordado que el Ejecutivo necesita la autorización del prior de la comunidad Benedictina, «cuya postura ha sido en todo momento muy firme» sobre que sin el permiso de la familia «él no iba a conceder la autorización para exhumar». Aún así, ha precisado que hay que esperar a conocer la sentencia del Tribunal Supremo para ver si se pronuncia sobre estos aspectos.
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