Concretamente, 52.108 opositores se examinarán en Madrid y 66.517 en trece sedes provinciales más, aunque en un principio se inscribieron un total de 126.000 personas.
Así, las oposiciones se celebrarán en toda España, excepto en Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja, donde no se han habilitado centros de exámenes.
Aunque la convocatoria es la mayor de los últimos diez años, CSIF ha lamentado el retraso que se está produciendo, puesto que todavía queda pendiente resolverse más de la mitad de oferta de empleo pública de la Administración General del Estado (todavía no han salido 2.000 y las demás están en proceso) y la práctica totalidad de 2019.
El sindicato ha recordado que la plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos, «su mínimo histórico desde 2002», y que en los últimos ocho años se han perdido 38.835 empleos, unos 20 al día.
Por ello, ha reclamado un plan de recursos humanos a medio plazo para reforzar las plantillas donde sea necesario y teniendo en cuenta además «la avalancha de jubilaciones» que se van a producir en los próximos años.
«El retraso en las convocatorias también afecta a la temporalidad en nuestras administraciones públicas», ha señalado el sindicato que lidera Miguel Borra. Para CSIF, los funcionarios «no pueden sufrir los efectos de una situación generada por la propia Administración, al abusar y utilizar contratos temporales para cubrir puestos de carácter estructural».
Desde su punto de vista, la Administración «no puede perder ni un minuto más en el desarrollo de los procesos de estabilización», teniendo en cuenta que solo se han puesto en marcha procesos de estabilización para un 20 % de las plazas contempladas y hay 300.000 personas interinas a la espera.
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