La Guardia Civil acredita la «contabilidad paralela» de Convergència

El informe, de 499 páginas, fechado el 16 de diciembre, amplía el ya presentado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que esbozaba el modo en que CDC se beneficiaba de las donaciones a las fundaciones ya fuese de forma indirecta, como utilizando trabajadores que estaban en nómina de Catdem y Fórum; o directa, mediante la emisión de cargos por servicios cuya realidad se cuestiona.

Según detalla, en el material intervenido en el registro de la sede de CDC se encontró una serie de hojas de cálculo con dos 'caras', la «Real» y la «Contable», que «evidencia la existencia de esta doble contabilidad» por la que determinadas partidas se imputan a las fundaciones aunque «el disfrute y soporte real» de las mismas corresponde al partido.

Constan unos gastos de personal «reales» así como una serie de ingresos (subvenciones, aportaciones no finalistas y aportaciones de CDC) «inferiores a los imputados contablemente», en una «doble vertiente del control financiero de la organización» que de acuerdo a la Guardia Civil, «facilita el control interno, si bien oculta del control externo las posibles operaciones fraudulentas».

Apunta que «se trataría de un sistema ideado por la formación política para modificar a voluntad los estados financieros de las fundaciones» ya que si bien la doble contabilidad es relativa a ellas, «la realidad es que esa circunstancia afecta directamente» a CDC.

Como consecuencia, el partido veía aumentar sus ingresos a cuenta de las fundaciones, ya que «las cuotas, las aportaciones no finalistas, las aportaciones de CDC y los ingresos extraordinarios, a pesar de pertenecer a las fundaciones son retirados de estas para ser computados a CDC»: Sólo en 2013, metió en su contabilidad 894.270 euros de Catdem y 238.571 euros de Fórum.

«Esta maniobra parecería mostrar que, si bien esas cantidades habrían sido obtenidas por las fundaciones, en quien elabora estos documentos subyace el convencimiento de que las cantidades no les pertenecen, sino que quien es el verdadero propietario de las mismas no es otro que el partido político», concluye la Guardia Civil.

El informe recoge un ejemplo de cómo CDC «instrumentaliza a la fundación Catdem para recibir capitales de mercantiles que se enmascaran como donaciones pero nada tienen que ver con ese fin». Uno de los correos intervenido revela que una sociedad aportó a la fundación 2.000 euros que el partido utilizaría para la instalación de un aire acondicionado en una de sus sedes en Barcelona.

Si bien la Guardia Civil no propone diligencias, expone expone que la supervisión de estos pagos recaía en Anna Benítez, entonces jefa de Administración de CDC y que tenía «control» sobre los pagos efectuados a las fundaciones, junto a Carles del Pozo, que trabajaba en el partido aunque le pagaba Catdem; y el tesorero Andreu Viloca, que habría sido relevado en este asunto por el excoordinador de régimen interno Francesc Sánchez a partir de agosto de 2014.

En cuanto al modo en que el dinero llegaba a las fundaciones, la Guardia Civil pone el acento en el uso de convenios de colaboración, práctica habitual desde 1999. Su razón de ser es de «difícil comprobación» y se podrían emplear «como medio para justificar la entrada de fondos": Figuran empresas que firman convenios con las dos fundaciones casi simultáneamente y documentos con acuerdos de este tipo que están antedatados.

Constan asimismo como vía de ingresos para el partido las 'notas o documentos de cargo', «de dudosa veracidad» y que podrían utilizarse «para trasladar fondos» bajo pretexto de una prestación de servicios. El informe detalla que CDC recibió de grupos vinculados y fundaciones 23,3 millones de euros en trece años sin además, aplicar el IVA. Sólo entre 2010 y 2017 giró gastos por esta vía de 5,8 millones de euros a Catdem (4 millones) y Fórum (1,7 milllones).

Revela asimismo que «CDC obtiene ingresos sobre los que pueden generarse dudas en cuanto a su legitimidad», donaciones que inexplicablemente se concentran en fechas concretas y ausencia de instrumentos para controlar las aportaciones de más de 300 euros en actividades promocionales que impiden comprobar si se cumple la legalidad.

Este tipo concreto de abonos se elevó un 22,81 % en 2013 hasta 358.785 euros que entraron en el último trimestre, lo que podría indicar «intención o necesidad del partido de aumentar sus ingresos antes del cierre económico».

Encuentra además toda una serie de «irregularidades fiscales», como los cargos que el partido emitió como la ausencia de IVA en el reparto de costes a sus fundaciones y grupos en 2013 por importe de 1,2 millones de euros; en una práctica que «sería continuada en el tiempo y se llevaría desarrollando desde, al menos, el año 2008, con lo que la cantidad defraudada a la Administración Tributaria a través de la evasión de estas cargas fiscales sería muy superior». Tampoco pagaba impuesto de sociedades.